Reforma a la Ley contra el Odio sustituye penas de cárcel por multas

De acuerdo con el proyecto, las infracciones incluyen discursos de odio, incitación a la guerra, hostigamiento y mensajes discriminatorios. El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz será el encargado de determinar el monto de las sanciones, evaluando factores como la gravedad, la intencionalidad y la reincidencia. Los infractores dispondrán de 30 días para cancelar la multa en la banca pública, aunque el ministerio podrá sustituir este pago por penas alternativas, como entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario o programas de formación en cultura de paz.

La reforma también contempla la creación de una Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia, integrada por representantes de diversos poderes públicos y organizaciones sociales. Asimismo, se aclara que el ejercicio del periodismo y la libre opinión política no serán considerados discursos de odio, siempre que no impliquen una incitación directa a la violencia.

En cuanto al sector comunicacional, la normativa obliga a los prestadores de servicios de radio, televisión y medios impresos a promover la convivencia democrática, pudiendo el Estado exigir la transmisión de mensajes específicos por hasta 30 minutos semanales. Esta responsabilidad se extiende a las plataformas digitales y administradores de redes sociales, quienes deberán implementar medidas preventivas y retirar de inmediato cualquier contenido que promueva la violencia, la discriminación o la propaganda de guerra.