La reciente resolución de elevar hasta un 35% el arancel para las motocicletas resulta especialmente inquietante. Lejos de fomentar la creación de empleos o impulsar la manufactura interna, esta medida encarece el medio de transporte predilecto de miles de trabajadores, repartidores, comerciantes y pequeños emprendedores. Las motocicletas han dejado de ser un simple bien de consumo para consolidarse como una herramienta indispensable de productividad y sustento económico.
Las cifras permiten dimensionar la magnitud del problema. Durante el año 2024, se comercializaron 17 mil 558 vehículos nuevos en el país, una cifra que sigue estando muy alejada de los registros históricos y que resulta insuficiente para renovar un parque automotor que figura entre los más obsoletos de América Latina. En contraste, el sector de las motocicletas reportó ventas cercanas a las 800 mil unidades, posicionándose como el pilar fundamental de la movilidad popular.
Al observar la realidad regional, se evidencia una distorsión significativa. En Chile, por ejemplo, se mantiene un arancel general del 6% para las importaciones, con tasas preferenciales para diversos vehículos gracias a tratados comerciales. Por su parte, en Colombia, los vehículos provenientes de países con acuerdos de libre comercio pagan entre 0% y 5% de arancel, lo que demuestra que incluso las naciones con capacidades industriales buscan facilitar la modernización de sus flotas.
Venezuela, por el contrario, corre el riesgo de implementar barreras propias de economías altamente proteccionistas sin contar con una base industrial que proteger. No obstante, el debate no debe limitarse a cuestionar los aranceles. El Ejecutivo cuenta con alternativas más eficientes para dinamizar la economía y mejorar la recaudación. Una alternativa viable sería la reducción temporal de los gravámenes a vehículos de trabajo y motocicletas, lo cual incentivaría la renovación del parque automotor y ampliaría la base tributaria mediante un mayor volumen de transacciones.
Otra estrategia efectiva consistiría en establecer incentivos fiscales destinados al ensamblaje nacional y a la producción de autopartes, en lugar de penalizar de forma indiscriminada la importación. Asimismo, fomentar el financiamiento automotor permitiría dinamizar el mercado formal y elevar la recaudación a través del IVA y los registros vehiculares.
La experiencia internacional confirma que los mercados prosperan cuando se eliminan las trabas y se fomenta la competencia. Imponer aranceles elevados a bienes que no se producen internamente no fortalece la economía nacional; por el contrario, encarece el transporte, limita la productividad y obstaculiza las posibilidades de recuperación. Venezuela requiere una política automotriz enfocada en la renovación, la inversión y la movilidad. Pretender proteger lo inexistente solo termina perjudicando a los consumidores y a la fuerza laboral venezolana.
