El juez Fakhr al Din al Uryan, quien preside el Tribunal Penal Número 4 de Damasco, fue el encargado de anunciar la sentencia, la cual también afecta a otros ocho funcionarios de alto rango del antiguo régimen. Entre los sentenciados a la pena máxima figuran Maher al Assad, hermano del exmandatario, y Atef Najib, quien se desempeñaba como jefe de Seguridad Política en Deraa y fue el único de los acusados que estuvo presente durante la lectura del veredicto.
Durante la exposición de los motivos, el magistrado Al Uryan señaló que la participación de Bashar al Assad en estos actos fue determinante, al actuar como la máxima autoridad en la toma de decisiones y movilizar todo el aparato estatal para la ejecución de los crímenes. La condena se sustenta en cargos graves por el asesinato premeditado de civiles y menores de edad, además de torturas sistemáticas y crímenes de lesa humanidad.
El origen de las revueltas: el caso Atef Najib
El proceso judicial se centró en gran medida en las acciones de Atef Najib, señalado como uno de los principales responsables del estallido social de 2011, tras ordenar la captura y tortura de un grupo de niños que realizaron grafitis contra el gobierno en Deraa. Tras permanecer en la clandestinidad durante años y enfrentar sanciones internacionales, Najib fue capturado por las fuerzas de seguridad en Latakia a finales de enero de 2025.
Las investigaciones y los testimonios recabados confirmaron que la unidad bajo el mando de Najib, en coordinación con otros organismos de seguridad, perpetró asaltos recurrentes contra la mezquita Omari en Deraa, un sitio simbólico que se convirtió en el epicentro de las protestas iniciales y donde perdieron la vida numerosos manifestantes.
Un hito en la justicia transicional
Este fallo pone fin a un juicio que comenzó el 26 de abril en Damasco y que se desarrolló a lo largo de nueve audiencias. El proceso no solo marca el inicio formal de la justicia transicional en Siria, sino que representa la primera vez que un alto mando de seguridad rinde cuentas públicamente por la represión iniciada hace más de una década. A la sesión asistieron el fiscal general Hasan al Turbeh, el jefe de la Comisión de Justicia Transicional, Abdulbaset Abdullatif, así como representantes de organismos internacionales y familiares de las víctimas.