Organizaciones y congresistas de EE UU presionan por el TPS para venezolanos tras los terremotos

En octubre del año pasado, la administración estadounidense solicitó revocar el TPS otorgado en 2023 a estos ciudadanos tras determinar que la protección es “contraria al interés nacional” y que la legislación solo contempla este mecanismo para países que atraviesan circunstancias extraordinarias, no para aquellos que retornaron a una situación de “normalidad”.

El debate sobre la necesidad de que se renueve el TPS para los venezolanos se intensificó hace una semana en una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, donde las organizaciones de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón, el Centro de Justicia y Paz, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Centro Robert y Ethel Kennedy para los Derechos Humanos plantearon la urgencia de que la administración Trump extienda la protección a cientos de miles de venezolanos ante la situación de emergencia que enfrenta su país desde hace un mes.

Durante la administración de Joe Biden se aprobaron dos medidas: una primera designación de TPS en marzo de 2021 y, posteriormente, una extensión de esa protección junto con una redesignación en 2023, destinada a incluir a venezolanos que habían llegado al país después de la primera fecha de corte.

La legislación estadounidense establece que la protección puede otorgarse a ciudadanos que enfrenten determinadas circunstancias, entre ellas un conflicto armado, un desastre ambiental o condiciones extraordinarias y temporales que impidan un retorno seguro al país, como una crisis humanitaria grave, inestabilidad institucional o el deterioro de las condiciones de vida.

Ahora, la petición se centra en la tragedia del 24 de junio, que afectó principalmente al estado Vargas y que ha dejado hasta la fecha una cifra indeterminada de muertos y desaparecidos.

Tensión en el Congreso de Estados Unidos

La congresista demócrata Debbie Wasserman, en el debate que se desarrolló en la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes, cuestionó a Andrés Martínez Fernández, analista sénior de la Foundation Heritage ―una organización cercana a la administración Trump―, sobre si consideraba que la situación venezolana constituía un desastre que debería ameritar la redesignación del TPS para los venezolanos.

“Esa es una pregunta que creo que está un poco fuera de mi área de especialización en lo que respecta a las condiciones para la migración y la deportación desde los Estados Unidos. Puedo hablar ciertamente de las condiciones subyacentes en Venezuela”, respondió el analista.

Debbie aclaró que el estatuto del TPS cita un terremoto como ejemplo de una situación en la que una nación puede ser designada para recibir protección. Pero Martínez insistió: “Este asunto no entra en mi área de enfoque como analista de asuntos internacionales, ni de seguridad o asuntos humanitarios. Así que no puedo comentar sobre eso”.

“La verdad duele, la verdad duele”

La congresista, inconforme con las respuestas de Martínez, aseguró que la Heritage Foundation en el pasado “no había opinado de manera favorable” sobre el TPS y la capacidad de Estados Unidos para asegurarse de que las personas estén a salvo mediante el refugio, una afirmación que generó el desacuerdo del analista.

“La verdad duele, la verdad duele”, insistió Debbie. “No sorprende que no esté de acuerdo. Necesitamos asegurarnos de que hagamos lo moralmente correcto, lo humanitario, y garantizar que no deportemos a personas de regreso a un país que ha sido devastado tras estos terremotos”, añadió.

Martínez optó por dejar a un lado la discusión sobre el TPS y admitió que “cree” que existe un sufrimiento significativo en Venezuela por los terremotos, aunque sopesó las décadas de regímenes socialistas y autoritarios de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En respaldo de las medidas tomadas por la administración Trump, afirmó que en el país suramericano ha habido un “cambio sustancial” en materia económica y en la supervisión de los ingresos petroleros.

Las condiciones sobre el terreno

Estas declaraciones volvieron a generar críticas de Debbie, cercana al expresidente Biden.

“Ese es el problema. Todo se ha centrado en los ingresos petroleros y no se están tomando en cuenta las condiciones reales sobre el terreno: la falta de asistencia humanitaria, la ausencia de una transición hacia la democracia y las continuas violaciones de los derechos humanos y civiles. El DHS (Departamento de Seguridad Nacional) debe consultar las condiciones existentes en el país al momento de determinar si el TPS sigue justificado o no”, expresó.

“Es simplemente triste que Heritage continúe actuando como apologista de esta administración y como una entidad que, en lugar de trabajar por el bienestar de las personas afectadas, termina actuando en contra de ese bienestar”, acusó la representante.

Venezolanos deportados el día de los terremotos

Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expuso el caso de los146 venezolanos deportados desde Estados Unidos en el vuelo 168 de Global, que salió de Phoenix, Arizona, y llegó a Venezuela el 24 de junio, el mismo día en que ocurrieron los terremotos.

Del grupo deportado, 120 eran hombres, 19 mujeres y 7 niños.

La abogada y experta en derechos humanos señaló que no existe información sobre cuántos de esos ciudadanos fallecieron y alertó que fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía —hoy gravemente afectado por los sismos— por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y de la Dirección General de Contrainteligencia Nacional.

Dib explicó que, antes de los terremotos, la venezolana Carolina Jiménez, presidenta de WOLA, visitó el hotel donde se encontraban esas personas y pudo constatar que estaban esposadas.

“No sabemos cuántas personas realmente sobrevivieron, pero luego WOLA intentó acceder a ese lugar y el Sebin impedía que los familiares buscaran a sus seres queridos bajo los escombros. Este caso ejemplifica la necesidad de proteger a los venezolanos de las deportaciones arbitrarias y también de establecer el TPS para Venezuela y detener las expulsiones”, manifestó.

Solo este año, indicó Dib, se han realizado 138 vuelos de deportación desde Estados Unidos, en los que más de 25.000 venezolanos han sido regresados a su país.

Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, mencionó asimismo que muchos venezolanos enfrentan serios obstáculos para retornar.Manifestó que Venezuela necesita protección internacional porque la crisis de derechos humanos, humanitaria y política que enfrenta es “enorme”.

“Es importante que la política de los Estados Unidos tome esas condiciones en cuenta y asegure el acceso a una protección legal adecuada para las personas que no pueden retornar de manera segura”, añadió.

La decisión recae sobre Trump

La congresista Debbie Wasserman recordó también que ya existe una propuesta legislativa para restablecer el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos y pidió sumar apoyo de legisladores demócratas y republicanos para que el proyecto pueda ser llevado a votación en la Cámara de Representantes sin pasar por el liderazgo del comité.

Se trata de la H.R. 3310, conocida como Venezuela TPS Act of 2025, presentada en mayo de 2025 por Wasserman junto con los congresistas Darren Sotoy María Elvira Salazar. La iniciativa propone otorgar un TPS por 18 meses, con posibilidad de renovación, a los venezolanos elegibles que se encuentren físicamente en Estados Unidos.

“Continuaremos presionando de todas las formas posibles para asegurar que los venezolanos que están en Estados Unidos solo puedan encontrar una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, sino que continúen buscando protección de los abusos brutales del régimen que todavía está en el poder, y ahora el absoluto desastre humanitario que ha caído sobre los venezolanos que claman por la continuación del TPS”, manifestó la congresista,

La decisión, afirmó, está bajo el control del presidente Trump. “Él podría cambiar esta situación hoy y se rehúsa”, afirmó.

Extender el TPS “es lo correcto y lo decente”

James McGovern, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes, recordó que el objetivo principal del estatuto del TPS es brindar a las personas protección temporal debido a circunstancias políticas en su país, donde podría ser inseguro e imprudente que regresen, o debido a desastres naturales como terremotos.

“En el caso de Venezuela, en este momento, encaja en ambas categorías. La protección está programada para expirar aquí el 2 de octubre. Debería extenderse porque es lo correcto y lo decente. No tiene nada que ver con si les gusta Trump o no les gusta Trump. Esto se trata de las personas cuyas vidas podrían estar en peligro si regresan a un futuro incierto”, advirtió.

McGovern enfatizó en que los representantes “podrán hacer algo” en el Congreso para impulsar su aprobación. “Ojalá el presidente haga lo correcto. Así que, con suficiente presión, podría cambiar”, expresó.

Isabel Carlota Roby, abogada sénior del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, subrayó que 600.000 venezolanos están en riesgo de deportación inmediata y recordó que el Departamento de Estado pidió recientemente a la Corte Suprema que revoque las protecciones para los venezolanos que están bajo el TPS.

“Esto es muy urgente. No hay coherencia porque, si ni siquiera podemos celebrar elecciones en Venezuela, ¿cómo Estados Unidos puede seguir deportando venezolanos a su país?”, preguntó.

McGovern, quien dijo estar de acuerdo con la activista, añadió: “Una de las cosas desesperantes sobre Washington es que a veces la retórica no coincide con las acciones, y no solo hablo de inmigración. Estoy hablando de derechos humanos, de nuestro compromiso con la democracia. Decimos cosas, pero no siempre cumplimos”.

Argumentó que esa es una de las razones por las cuales se realizó la audiencia.