Cuatro fases para completar el Registro Único de Viviendas: requisitos obligatorios

Las brigadas de trabajo se encuentran desplegadas en refugios temporales y comunidades en situación de vulnerabilidad para levantar la información de cada núcleo familiar. Se exhorta a la ciudadanía a brindar su apoyo y cooperación al personal debidamente acreditado que recorre las zonas afectadas.

Procedimiento para formalizar el Registro Único de Vivienda

El operativo se desarrolla en cuatro etapas fundamentales sobre el terreno:

1. Los funcionarios realizan un contacto directo en los campamentos de tránsito y en los alrededores de las estructuras previamente inspeccionadas por expertos.

2. Cada persona afectada debe registrar su huella dactilar mediante el sistema biométrico establecido.

3. El equipo recolecta datos de contacto, incluyendo número telefónico y correo electrónico del jefe de familia para asegurar la comunicación constante.

4. Una vez procesada la información en la plataforma digital Habitable, el sistema emite de manera inmediata un comprobante oficial impreso para el beneficiario.

Detalles del comprobante tras el censo

El certificado entregado contiene datos precisos que validan la situación de cada grupo familiar. El documento incluye un código de quince dígitos que especifica la fecha y hora exacta del registro, además de describir las condiciones del inmueble afectado, tales como tipo de estructura, edificio, piso y ubicación exacta. Asimismo, el comprobante detalla la composición familiar, incluyendo el número de mascotas, el nombre del encuestador y un código QR para la verificación de datos en tiempo real.

Respaldo legal ante la emergencia

El código QR impreso actúa como el aval legal que certifica la vulnerabilidad de la familia. Voceros oficiales han enfatizado que este registro garantiza el derecho de los ciudadanos a obtener una vivienda definitiva mediante la planificación pública. Esta protección se mantiene vigente incluso si los afectados se trasladan temporalmente a refugios solidarios o residencias de familiares, asegurando que ninguna familia quede excluida de los planes de reubicación y asistencia del Estado.