Rodríguez explicó que, si bien aún no se han definido los detalles sobre si el apoyo se entregará mediante fondos líquidos o insumos materiales, el Ejecutivo cubano se mantiene abierto a evaluar las condiciones de la oferta para garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a la ciudadanía.
El jefe de la diplomacia cubana subrayó que la postura histórica de la isla es no declinar la cooperación internacional que se gestione bajo principios de buena fe y con el objetivo real de atender las carencias más apremiantes del país. No obstante, el gobierno cubano señaló la contradicción de recibir este respaldo por parte de una administración que, simultáneamente, mantiene una política de sanciones que el Estado cubano califica como un castigo colectivo y una guerra económica prolongada.
En cuanto a la logística de la ayuda, las autoridades de La Habana indicaron que no tendrían inconvenientes en coordinar esfuerzos con la Iglesia Católica, institución con la cual mantienen un historial de trabajo conjunto y resultados positivos en programas de asistencia social. La expectativa del gobierno es que este ofrecimiento se mantenga al margen de intereses políticos y no se utilice como una herramienta para sacar provecho del sufrimiento de una población que padece las consecuencias de las restricciones financieras internacionales.
El fin del bloqueo como prioridad
Durante su intervención, el canciller enfatizó que la medida más efectiva y necesaria que Washington podría implementar para apoyar al pueblo cubano es el desmantelamiento de las sanciones económicas, comerciales y financieras. Rodríguez denunció que el endurecimiento del cerco energético en los meses recientes ha impactado gravemente a todos los niveles de la sociedad y el aparato productivo de la isla.
El funcionario insistió en que la eliminación de estas medidas coercitivas constituiría un alivio sostenible y real, permitiendo que el país retome su desarrollo soberano sin depender de donaciones externas. Finalmente, el Ejecutivo cubano reafirmó su compromiso con una política de gestión de riesgos basada en el respeto mutuo y la preservación de la soberanía nacional.
