El proyecto contempla la intervención inicial de 30 hospitales a nivel nacional, comenzando por nueve recintos ubicados en Caracas, La Guaira y Miranda, con la proyección de expandir estas labores de forma paulatina al resto del territorio, según informó el despacho ministerial.
Prioridades y diagnósticos técnicos
La titular de la cartera de salud detalló que el plan se enfocará en resolver deficiencias críticas, tales como fallas en el suministro de agua, problemas eléctricos y el deterioro de las condiciones estructurales de los edificios.
Ya se han iniciado las inspecciones técnicas en tres centros de referencia en la capital: la Maternidad Concepción Palacios, el Hospital de Niños J.M. de los Ríos y el Hospital Domingo Luciani de El Llanito. En estos centros de alta complejidad, los diagnósticos permitirán ejecutar reparaciones urgentes que incluyen la impermeabilización de techos, la puesta en marcha de ascensores y el fortalecimiento de los servicios públicos básicos.
Persistencia de la crisis hospitalaria
Esta medida se despliega en un contexto de crisis prolongada. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), el desabastecimiento de insumos básicos para emergencias se situó en un 36% durante el primer semestre de 2024. El informe subraya que esta problemática es consecuencia de fallas estructurales en la gestión sanitaria y no de un evento aislado.
Las regiones más golpeadas por la escasez han sido Carabobo, Amazonas y Cojedes, donde la lejanía de la capital agudiza las dificultades para la atención de pacientes graves. Esta carencia de recursos se traduce en tiempos de espera que exceden los protocolos internacionales; por ejemplo, pacientes con neumonía aguardan hasta dos horas por tratamiento, mientras que los casos de infarto registran demoras superiores a una hora, cuando el estándar recomendado es de menos de 45 minutos.
Además, el personal médico y de enfermería reporta una sobrecarga laboral significativa. La ENH también reveló que el 74% de los insumos esenciales para quirófanos es inexistente, obligando a los familiares a costear gastos adicionales que oscilan entre 100 y 300 dólares por intervención, una cifra inalcanzable considerando que el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares.