Los Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) solicitaron en una carta abierta a Trump que emita una salida forzosa diferida (deferred enforced departure, DED) para proteger de la deportación a los connacionales llegados antes del 6 de octubre del presente año.
Las agrupaciones, con sede en Miami, consideraron que esta medida, que Trump ya implementó durante su primera presidencia, en enero de 2021, «refuerza la política exterior de EE. UU., al mantener la presión diplomática sobre el régimen de Nicolás Maduro sin comprometer su agenda migratoria».
«Esta medida humanitaria: salvaguarda vidas, evitando retornos forzosos a condiciones de inseguridad extrema. Apoya la economía estadounidense, preservando la estabilidad de una fuerza laboral calificada y productiva», sostuvieron.
Su pronunciamiento ocurre tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que permitió el pasado viernes 3 a la Administración de Trump revocar el TPS de los venezolanos, con cerca de la mitad de ellos con permisos expirados en abril, y el resto con vencimiento previsto para noviembre próximo.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) también pidió el viernes 3 al Gobierno estadounidense que revise en un «tiempo perentorio» su política migratoria tras dicha decisión.
Similar a la PUD, los exiliados alertaron de que «la crisis humanitaria en Venezuela persiste con extrema gravedad», pues «la represión política, la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y el colapso de los servicios básicos han forzado el desplazamiento de más de siete millones de personas».
Las asociaciones, con sede en Miami, resaltaron los efectos en Florida, donde residen casi la mitad, el 49 %, de los cerca de 770.000 venezolanos que hay en Estados Unidos, la mayoría llegados desde la década de 2010, en la que Maduro asumió el poder.
El gobierno de Trump busca acelerar la deportación de migrantes venezolanos mientras intensifica la presión sobre el “régimen” de Maduro. Desde agosto, las fuerzas estadounidenses aseguran haber destruido al menos cinco embarcaciones y abatido a más de 20 personas a las que vinculan con el «narcoterrorismo» procedente de Venezuela.
«Reconocemos y valoramos su compromiso con la seguridad nacional y el Estado de derecho. El DED constituye una solución temporal, responsable y compasiva, que se alinea con los precedentes de su propia administración y con la tradición humanitaria que distingue a los Estados Unidos ante el mundo», concluyeron Veppex y Amavex.
