La reconocida activista de derechos humanos, Tamara Suju, ha alzado su voz para denunciar presuntas torturas y tratos crueles contra reclusos considerados «presos políticos» en el centro penitenciario Yare 3, en el estado Miranda. La abogada penalista detalló a través de la red social X las graves violaciones a los derechos humanos que estarían ocurriendo bajo la dirección de Ángel Castro y la supervisión del SESMAS, con la participación de Samir Camacho, el Capitán Gutiérrez, el Mayor Becerra y un custodio de nombre Fausto.
Según el relato de Suju, los detenidos son confinados en el cuarto de castigo conocido como «el tigrito», donde permanecen desnudos por varios días en condiciones de calor extremo y en espacios infestados de insectos. Las agresiones físicas descritas incluyen golpes con tablas en los glúteos, provocando heridas sangrantes, la aplicación de descargas eléctricas y amenazas constantes de muerte. Se informa que cualquier intento de comunicación o queja es castigado con palizas.
En cuanto a las condiciones de alimentación y salubridad, la defensora señaló que la comida es «escasa y mala, sin nutrientes», lo que ha generado problemas intestinales y casos de dermatitis entre los reclusos. Adicionalmente, el agua suministrada no es apta para el consumo humano. Suju también hizo mención de la presencia de Alexander Granko en el penal, quien presuntamente se dedica a amenazar a los detenidos, quienes, según la activista, «temen por su vida».
Estas denuncias surgen en un contexto donde la organización Foro Penal reportó recientemente la existencia de 816 presos políticos en el país, de los cuales 812 son adultos y 4 menores. De este total, 720 son hombres y 96 mujeres, y 646 son civiles y 170 militares. La organización también mantiene el registro de más de 9.000 personas sujetas a medidas restrictivas de libertad y 42 desaparecidos cuyo paradero se desconoce.
