Esta decisión, que según reseñó este lunes la agencia de noticias Reuters, podría «obstaculizar a la empresa privada que ya está en dificultades», se traduce en la exigencia de «el pago anticipado de impuestos, la realización de auditorías, la imposición de multas cuantiosas y la permisión de que las autoridades locales y los proveedores de servicios públicos aumenten sus tarifas».
«Estas medidas aumentan la presión sobre un sector privado que lidia con años de crisis económica, alta inflación y controles cambiarios», indicó una fuente a Reuters.
El diputado oficialista José Vielma celebró la medida, argumentando que permitiría «el aumento de la recaudación fiscal». «Con una mayor recaudación fiscal se han podido aliviar los momentos económicos difíciles. Debemos agradecer al sector privado, que ha hecho una contribución considerable», declaró para la agencia.
Por su parte, Luis Bárcenas, economista de Ecoanalítica, aseguró que los «impuestos son un salvavidas para el Gobierno». Bárcenas estimó que la recaudación fiscal podría alcanzar los 13.000 millones de dólares este año y que las empresas privadas «destinan la mitad de sus ganancias al pago de impuestos».
