El avión en cuestión fue confiscado a petición de EE. UU. en 2023 en República Dominicana y posteriormente trasladado a Florida.
La solicitud de confiscación está basada en la presunta violación de leyes estadounidenses, incluyendo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y la normativa sobre blanqueo de dinero.
Desde 2014, EE. UU. ha impuesto sanciones contra el gobierno de Maduro, dirigidas a individuos, entidades y sectores de Venezuela, con el fin de “abordar la creciente opresión política y la corrupción por parte del régimen de Maduro”.
La denuncia legal presentada en un tribunal federal de Florida alega que, en enero de 2023, una empresa vinculada a San Vicente y las Granadinas firmó un contrato para la compra del avión por 13.250.000 dólares a una compañía en Florida.
El documento judicial señala que el comprador, un ciudadano venezolano, ocultó su vínculo con Maduro y actuó en nombre de una compañía extranjera creada en 2022, la cual fue eliminada del registro de empresas de San Vicente para evadir impuestos.
El avión, según el Departamento de Justicia, voló de EE. UU. a San Vicente el 3 de abril de 2023 y, pocas horas después, se dirigió a Venezuela, piloteado por miembros de la Guardia de Honor Presidencial venezolana.
Además, se detalla que la aeronave realizó al menos 21 vuelos entre Venezuela y otros destinos en 2023, siendo utilizada por Maduro en visitas oficiales y en un intercambio de prisioneros con EE. UU. en diciembre de ese mismo año.
En marzo de 2024, el avión fue enviado a la República Dominicana para mantenimiento, donde finalmente fue confiscado y trasladado a Florida. Asimismo, un segundo avión, vinculado a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), también fue incautado a principios de febrero de 2024 en la República Dominicana.
