Héctor Ortega clama por una solución, pero solo recibe excusas. “Todos los días nos dicen tengan fe, esperanza, esperen a mañana”, cuenta Ortega, uno de los 80 venezolanos que se encuentran en un refugio habilitado en Curazao para los pasajeros varados por la suspensión de los vuelos humanitarios de los días 21 y 22 de diciembre.
“Los gobiernos de Curazao y Venezuela no nos han dado una respuesta concreta, nos tienen en el desespero sin saber cuándo nos vamos a ir”, relata a Crónicas del Caribe este hombre de 33 años, oriundo de Barquisimeto, estado Lara, que aspiraba a retornar a tiempo para celebrar la Navidad con su esposa y su pequeña hija de 3 años que lo esperan en su hogar.
Ortega señala que han logrado sobrevivir en el albergue gracias al respaldo de organizaciones de la sociedad civil como Venex Curacao, Refugiados Unidos -encabezada por Carlos Rivas- y la Fundación Aliados Dominicanos Unidos, entre otras. “En el refugio estamos quienes ya no tenemos residencia, dejamos las casas donde nos hospedamos y vendimos todo porque nos vamos de regreso a Venezuela, así que no tenemos dinero”, explica el barquisimetano.
Aunque el vuelo es catalogado como “humanitario”, aclara que él corrió con todos los gastos. El boleto le costó 263,88 dólares, la prueba PCR del coronavirus otros 88,88 dólares y, además, canceló al Consulado de Venezuela 50 dólares por una “carta de ruta”, pues tiene su pasaporte vencido.
“Necesitamos salir de aquí, necesitamos una respuesta urgente. Son muchos días de desespero, necesitamos ver a nuestras familias, necesitamos que Venezuela nos abra las puertas y podamos entrar tranquilamente”, insiste sumido en la incertidumbre.
El Instituto de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela había autorizado la realización de tres vuelos humanitarios desde Aruba (19 de diciembre) y Curazao (21 y 22 de diciembre). Sin embargo, a última hora cambió de decisión. Todo ocurrió luego de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunciara el 13 de diciembre que el Reino de los Países Bajos no le permitió viajar hasta La Haya, donde tenía previsto reunirse con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.
La negativa del INAC dejó varados en Curazao a 283 venezolanos. Esos aviones, con capacidad para 140 personas y operados por Laser Airlines, trasladarían a distintos tipos de pasajeros: desde deportados que están detenidos por las autoridades curazoleñas, hasta compatriotas con estatus legal que residen en Bonaire, y que aprovecharían la oportunidad para aterrizar en Caracas.
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