Los 53 denunciantes son titulares de pensiones o jubilaciones que generaron en Venezuela y cobraban en Uruguay por medio del banco.
Según detalló su abogado defensor, Pablo Bárcena, en diciembre de 2015 dejaron de cobrar de forma abrupta y sin explicación.
“Algunos son uruguayos que trabajaron toda su vida en Venezuela y otros son venezolanos que han venido a Uruguay por las razones de público conocimiento (…) a través de ese convenio cobraban en Bandes las jubilaciones y ahora hace 48 meses que no cobran nada”, explicó Bárcena.
Hasta el momento los afectados realizaron una demanda civil que está a estudio de un Tribunal de Apelaciones y dictará sentencia antes de fin de año, a esto se suma una denuncia penal presentada en la Fiscalía de crimen organizado sobre la cual aún no hay novedades.
Para el abogado, dado que el deudor es el gobierno de Venezuela, se busca que se pague con los activos que hay en Uruguay.
“El Estado de Venezuela, que es el deudor, tiene en Uruguay activos significativos, es socio de varias empresas comerciales y contra esas empresas se está accionando porque son los activos que tiene en Uruguay, obviamente en el caso de los jubilados hay una emergencia porque es gente que está vendiendo sus bienes o está viviendo de la caridad familiar”, indicó el abogado.
