Esta situación ha sumido en un profundo estado de zozobra a quienes dependían de esta protección. Un ejemplo es el caso de Martina López, quien reside en el noreste de Estados Unidos desde hace 11 años. Para ella, este momento representa el desafío más complejo de su trayectoria migratoria, al quedar desamparada por el TPS mientras su solicitud de asilo continúa en espera tras más de una década de trámites.
“Esta sensación me retrotrae a los tiempos en que me sentía perseguida en Venezuela; es como si hubiera cometido una falta, cuando en realidad siempre he actuado bajo la ley”, compartió en una entrevista. López, quien resguarda su identidad por razones de seguridad, es madre soltera y responsable del cuidado de su padre, un hombre de 72 años con condiciones de salud crónicas como diabetes e hipertensión. A pesar de la adversidad, mantiene la esperanza de una reactivación del TPS, argumentando que las condiciones de persecución en su país de origen permanecen inalteradas.
Voces críticas ante la política migratoria
Mientras la administración estadounidense sostiene que el panorama ha cambiado tras los eventos políticos de inicios de año, la comunidad venezolana insiste en la gravedad de la crisis interna, marcada por el colapso de los servicios públicos, la hiperinflación y los recientes desastres naturales que han devastado diversas regiones. Adelys Ferro, representante del Venezuelan American Caucus, calificó la falta de respuesta a la reasignación del TPS como una decisión discriminatoria que ignora la realidad humanitaria del país.
La Alianza Nacional del TPS elevó una petición formal ante el Departamento de Seguridad Nacional y el Congreso el pasado 24 de julio, solicitando la reasignación del programa, pero hasta la fecha no se ha obtenido una respuesta favorable.
De la protección a la vulnerabilidad
El grupo afectado corresponde a quienes lograron renovar sus permisos a inicios de 2025, antes de que el Gobierno diera por finalizado el programa que benefició a más de 600.000 venezolanos. Para muchos, la pérdida del permiso de trabajo no implica el fin de su estancia, ya que mantienen procesos de asilo activos. La abogada de inmigración Kathia Quirós subraya la importancia de conocer los derechos legales ante posibles detenciones por parte de ICE, recomendando evitar la firma de salidas voluntarias y buscar asesoría para gestionar los procesos bajo fianza.
“La mayoría de estas personas no desea permanecer en la irregularidad, simplemente no tienen otra alternativa ante la imposibilidad de retornar a su país”, explica Quirós. Por su parte, López se prepara para enfrentar cualquier escenario, manteniendo sus documentos en orden y con la firme convicción de seguir luchando por su futuro en Estados Unidos, país que considera su único hogar actual.
