Esta decisión fue tomada durante la audiencia inicial realizada este miércoles, luego de que las autoridades estadounidenses formalizaran cargos penales en su contra por supuesta agresión, resistencia e interferencia con un funcionario federal. De ser declarado culpable, Garcés podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel. La fiscalía justificó la medida argumentando que el joven, quien trabajaba como repartidor de alimentos, representa un riesgo de fuga.
Denuncias de represalias y falta de atención médica
Al concluir la audiencia, los abogados defensores, Kate Lincoln-Goldfinch y Danny Woodward, manifestaron su rechazo a la resolución judicial. Los letrados denunciaron que el proceso penal parece ser una maniobra para encubrir el accionar policial. «Esto es parte de un esquema gubernamental para tomar represalias contra quienes cuestionan las actuaciones de los agentes federales», declaró Lincoln-Goldfinch.
La defensa subrayó la delicada condición de salud del migrante, quien lleva diez días detenido con el proyectil todavía alojado en su espalda. «El Gobierno continúa poniendo en riesgo la vida de nuestro representado. Se le ha negado la fianza y el acceso a la atención médica urgente que requiere. Es su deber garantizar que reciba la intervención quirúrgica necesaria para su recuperación», enfatizó Woodward.
Versiones contradictorias sobre el incidente
El hecho ocurrió el 20 de septiembre durante una parada de tráfico en el norte de Austin, mientras Garcés realizaba sus labores de reparto. La versión de la fiscalía alega que el joven intentó embestir a un oficial con su vehículo, lo que provocó el disparo. Por el contrario, la defensa sostiene que el joven estaba detenido cuando recibió el impacto de bala por la espalda.
Garcés había ingresado a Estados Unidos en diciembre de 2023 mediante la aplicación CBP One y mantenía una solicitud de asilo en curso, aunque pesaba sobre él una orden de deportación en ausencia por no asistir a una citación previa.
Aumento de imputaciones por resistencia a la autoridad
Este caso se enmarca en un incremento notable de las acusaciones federales contra civiles por supuesta resistencia o agresión a funcionarios. Durante el año fiscal 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) procesó 274 casos bajo esta figura legal, marcando la cifra más alta desde la creación de dicha institución, según registros de la organización Project For Government Oversight.
