Según reportes de agencias internacionales, la actual administración mantendrá una postura inflexible respecto a sus planes de control fronterizo y las expulsiones masivas.
Vance puntualizó que, aunque el Ejecutivo prefiere que los extranjeros en situación irregular opten por un retorno voluntario, el Estado está preparado para ejecutar repatriaciones forzosas en caso de ser necesario. «Nuestra preferencia es que recojan sus pertenencias y regresen a sus países por cuenta propia, pero quien esté en el país de forma ilegal está sujeto a la deportación», declaró el funcionario de manera contundente.
Llamado al retorno y vías legales
Desde la Casa Blanca se ha enfatizado que el estatus migratorio irregular invalida cualquier derecho de permanencia en suelo estadounidense. En este sentido, el vicepresidente exhortó a quienes cruzaron la frontera al margen de la ley a salir por voluntad propia para eludir procesos judiciales de expulsión.
El funcionario aconsejó a los afectados: «Si han quebrantado las leyes de los Estados Unidos al ingresar ilegalmente, simplemente váyanse, vuelvan a casa. Si desean ingresar al país, deben hacerlo a través de los procedimientos consulares adecuados». Con este mensaje, el gobierno busca establecer como única alternativa válida el uso de los canales regulares desde los países de origen.
Prioridades de la gestión ejecutiva
Al analizar la implementación de estas medidas, la administración defendió el aumento presupuestario y el despliegue de más efectivos destinados a la vigilancia fronteriza y los procesos de repatriación. Vance sostuvo que, si bien los esfuerzos se centran en la captura y expulsión de individuos con antecedentes criminales, el plan de fiscalización abarca la totalidad del flujo migratorio no autorizado.
Finalmente, el vicepresidente aseguró que, bajo este esquema de tolerancia cero, ya se han coordinado retornos masivos en los últimos meses, confirmando que el cumplimiento estricto de la ley migratoria es la directriz inamovible de la política nacional estadounidense.
