Decreto de organización del censo no incluye a las milicias ni a «Somos Venezuela»

El decreto presidencial crea la Comisión Nacional del XV Censo de Población y Vivienda, la cual estará integrada por representantes de todos los organismos públicvos involucrados y será encabezada por el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además la entidad debe tener representación del «poder popular», universidades nacionales, y de organizaciones, empresas y otras corporaciones de derecho privado, cuya presencia se considere necesaria en la organización del padrón nacional.

El artículo 6 del decreto señala que el censo «tendrá como base las pautas técnicas recomendadas por los organismos internacionales, sin que en ningún caso se limite o condicione la investigación censal inherente a las consideraciones de nuestro país».

El artículo 7 se refiere a la cédula inmobiliaria que «constituye un dato fundacional y de uso obligatorio en las bases de datos del Estado para la simplificación de trámites y procesos administrativos, así como de enlace de los registros administrativos asociados a políticas públicas».

El levantamiento, gestión y administración de la data debe garantizar «la protección del honor, vida privada, intimidad, imagen, confidencialidad y reputación de la familia y del individuo, a través del ejercicio eficaz del secreto estadístico».

El decreto autoriza a la comisión a solicitar en comisión de servicio a todos los funcionarios del Estado que necesite para organizar el censo, sin afectar su posición laboral ni condiciones.

La realización anticipada de este censo de población está marcada por la polémica, debido a las denuncias sobre intentos de invasión de apartamentos dejados vacíos por propietarios que han emigrado del país, al amparo de un presunto plan «ubica tu casa», cuya existencia fue negada por el ministro de Planificación Ricardo Menéndez.