Desde 2016, el gobierno del Presidente Nicolás Maduro distribuye alimentos mayormente importados bajo subsidio a través del CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), un programa creado para combatir la escasez de bienes que es investigado en varios países tras denuncias de corrupción y especulación.
Las entidades que obtuvieron recursos para la exportación de alimentos desde México del programa CLAP acordaron entregar los 3 millones de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
«Este grupo de empresas y personas físicas mexicanas y extranjeras han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela», dijo Israel Lira, titular de la subprocuraduría especializada en delincuencia organizada.
Como parte de un «acuerdo reparatorio», las empresas y personas involucradas -cuyos nombres completos no fueron revelados- también se comprometieron a no realizar directa o indirectamente nuevas transacciones comerciales con el gobierno venezolano a través del programa CLAP, agregó Lira.
Alrededor de 1,300 contenedores con alimentos que estaban en proceso de despacho marítimo a Venezuela no se verán afectados. «Se corría el riesgo de agravar la crisis alimentaria que se vive en esa nación, de que se empalme o se aproxime la caducidad de los productos o de que su entrega se realice en condiciones no aptas para el consumo humano», dijo Lira a periodistas.
Para Maduro, las cajas CLAP son el «arma más poderosa» para combatir lo que ha calificado como una «guerra económica» en contra de su gobierno. Pero analistas y opositores aseguran que el programa ha sido utilizado como un mecanismo de control social. Algunos de los productos exportados desde México -principalmente leche y derivados- eran de muy baja calidad, dijo Luis Alfonso de Alba, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de México.
México comenzó a compartir información sobre el caso con otros gobiernos, principalmente Colombia, para evitar fraude o lavado de dinero, siguiendo su compromiso ante el Grupo de Lima, una instancia multilateral creada en 2017 para buscar soluciones a la crisis venezolana. «Estamos tomando medidas para que esto no se repita,» dijo de Alba.
