«Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes (…) he decidido abrir un examen preliminar» sobre la situación en Venezuela, dijo en un comunicado la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien también anunció exámenes sobre Filipinas.
Es la primera vez que la CPI decide abrir dos investigaciones de este tipo simultáneas, por denuncias de opositores.
En el caso venezolano, desde abril de 2017 «se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato», señala.
«También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad», añade en el comunicado.
Fiscal cuestionó la acción
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, indicó «que la Corte Penal Internacional y sus instancias deben actuar de forma complementaria cuando no hayan sido judicializados los casos».
«La información que maneja la fiscal de la Corte Penal Internacional pareciera sesgada, pues ella no ha tenido la oportunidad de comunicarse para saber sobre la judicialización de los hechos de violencia suscitados en el país».
Destacó que «esta institución tiene documentación que demuestra que se han atendido los casos de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo y los Tribunales«.
«Se han efectuado informes minuciosos sobre las imputaciones y acusaciones por estos hechos de violencia y estamos dispuestos a demostrar tales argumentos», indicó.
