Desde mayo de 2024, esta normativa exige el pago de un tributo parafiscal equivalente al 9 % de los desembolsos por concepto de nómina. A diferencia de gravámenes tradicionales como el Impuesto sobre la Renta (ISLR) o el IVA, que se calculan sobre las ganancias o el consumo, esta contribución recae sobre cualquier sociedad o persona jurídica que mantenga al menos un trabajador activo. Este compromiso debe cumplirse de manera inmediata al finalizar cada mes, sin importar si la empresa reporta beneficios o pérdidas.
El economista Luis Piña señala que esta normativa exige a las organizaciones contar con liquidez inmediata en bolívares al cierre de cada periodo. “La diferencia fundamental radica en que el pago no se calcula sobre las utilidades de la empresa, sino sobre su operatividad y lo que destina a su personal. No está sujeto a si el negocio resultó rentable al finalizar el ejercicio”, puntualiza.
Al aplicar esta alícuota del 9 %, el costo operativo de mantener cada puesto de trabajo se incrementa de forma considerable para el empleador. No obstante, este desembolso adicional no se traduce en un beneficio directo para el trabajador, sino que se transfiere a un fondo público gestionado por el Estado. Como consecuencia, la capacidad financiera de las empresas para implementar ajustes salariales periódicos se ve seriamente comprometida.
Por su parte, el economista Aaron Olmos advierte sobre la presión fiscal y la desproporción de estos aportes en comparación con otras naciones de la región: “A diferencia de legislaciones que establecen un mínimo de cinco empleados para exigir contribuciones, la Ley de Pensiones es aplicable desde que se tiene un solo trabajador. Cualquier unidad económica, por pequeña que sea, queda sujeta a esta obligación mensual”.
Uno de los efectos más críticos es el estancamiento de las políticas salariales. Debido al aumento en los costos operativos por cada plaza de trabajo, este tributo parafiscal compite directamente con el ingreso neto que los empleados podrían percibir. Al destinar este 9 % al fondo estatal, se reduce el margen financiero que las empresas planifican para aumentos de sueldo. “Para el patrono, el costo de la nómina sube, pero ese capital no llega al bolsillo del trabajador como compensación. Al asumir este nuevo gasto, la posibilidad de un incremento salarial se ve reducida o, en muchos casos, anulada”, concluye Piña.
