«Hemos recibido siete órdenes de captura contra los responsables intelectuales, identificados como líderes de la Segunda Marquetalia. En consecuencia, se ha establecido una considerable recompensa pública para facilitar su pronta localización y detención», anunció el director de la Policía colombiana, general William Rincón, durante una conferencia de prensa.
La Fiscalía ha puesto un precio de hasta 5.000 millones de pesos (aproximadamente 1,3 millones de dólares) por datos que conduzcan al arresto de Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez. Márquez, quien fue el principal negociador de las FARC en los diálogos de paz de 2016, había retomado las armas en 2019.
Adicionalmente, se ofrece una recompensa de hasta 4.000 millones de pesos (cerca de 1,07 millones de dólares) por información sobre Gener García Molina, alias Jhon 40, y José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, otros importantes dirigentes del grupo disidente.
Los otros cuatro líderes del grupo armado para quienes la Fiscalía ha solicitado captura son Jhon Jairo Bedoya Arias (alias Rusbel o Rumba), Alberto Cruzlobo (conocido como Enrique Marulanda), Diógenes Medina Hernández (alias Gonzalo) y Kendry Téllez Álvarez (alias Yako).
El senador Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido opositor Centro Democrático, fue atacado con dos disparos en la cabeza durante un acto de campaña el 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá. Falleció el 11 de agosto, tras permanecer más de dos meses hospitalizado.
Por este crimen ya han sido detenidas nueve personas, de las cuales cuatro han sido sentenciadas, incluyendo al joven que le disparó. Uno de los condenados, Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, declaró en el juicio que «el grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia», según reveló la revista Semana.
Motivación del magnicidio
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, afirmó que el asesinato no fue un hecho aislado, sino el producto de una operación criminal estructurada. Esta involucró a una red delictiva urbana que actuó como contratista y al grupo armado residual Segunda Marquetalia, el cual abandonó las negociaciones de paz con el gobierno en noviembre de 2024.
«Las pruebas señalan que el magnicidio fue impulsado por una decisión de una fuerza de mayor jerarquía, reflejando la intención de la Segunda Marquetalia de generar un impacto en la democracia y los procesos políticos del país. Esta es la evidencia que poseemos», agregó la fiscal.
Según Camargo, las decisiones de esta organización armada se tomaron de forma consensuada y siguen una línea de acción definida desde la cúpula de la organización, que ha optado por marginarse de los procesos de paz.
La fiscal detalló que el crimen fue planificado por Kendry Téllez Álvarez, uno de los jefes disidentes con orden de captura vigente, quien jugó un rol clave en la planeación, coordinación y financiamiento del magnicidio.
