Siguiendo la práctica habitual en el país, las autoridades establecieron servicios mínimos obligatorios, exigiendo a los trabajadores mantener en funcionamiento hasta un 75% de los trenes de corta distancia durante las horas de mayor afluencia y un 50% durante el resto de la jornada. Sin embargo, la estación de Atocha en Madrid experimentó situaciones tensas, especialmente entre las 7 y 8 de la mañana, cuando miles de ciudadanos que buscaban movilizarse hacia las afueras o ingresar a la capital enfrentaron retrasos y una notable carencia de información.
La multitud de pasajeros fue tal que se hizo necesario controlar el acceso a los andenes. Miembros del sindicato CCOO distribuían folletos en los que pedían «comprensión y apoyo» a los usuarios, quienes mostraban emociones encontradas, oscilando entre la solidaridad con los huelguistas y el fastidio por los inconvenientes al inicio de la semana.
«Los recientes accidentes no son eventos aislados: son el resultado de políticas que han favorecido los recortes y la división del servicio en lugar de un sistema ferroviario público, seguro y eficientemente administrado», se leía en el panfleto del sindicato.
«No he logrado salir», expresó a la AFP Mari Carmen González, una pasajera de 58 años que intentaba viajar de Madrid a Aranjuez. «Los servicios mínimos no se han cumplido, me parece una vergüenza».
Por su parte, Victoria Bulgier, una docente de inglés estadounidense de unos treinta años que necesitaba ir a Getafe, al sur de Madrid, manifestó su total entendimiento hacia los motivos del paro. «Comprendo plenamente las razones de la huelga. Lo entiendo a la perfección. No deberían laborar en condiciones que los pongan en riesgo», declaró a la AFP.
Una red ferroviaria en entredicho
En un café de la estación, una empleada que prefirió no dar su nombre comentó que el impacto de la huelga era muy notorio. «Normalmente a esta hora hay más del doble de gente en la estación y no nos damos abasto», dijo a su único cliente en ese momento.
La principal terminal de trenes de Barcelona, Sants, lucía mucho más despejada de lo habitual para un día laborable. Las pantallas informativas mostraban anuncios de trenes cancelados y con retrasos. En el área de acceso a los trenes de cercanías, la afluencia era escasa, lo que intensifica la desconfianza de los usuarios observada en las últimas semanas debido a las constantes demoras y cancelaciones.
El 18 de enero, dos trenes de alta velocidad colisionaron cerca de la localidad andaluza de Adamuz, en el sur del país, cuando uno de ellos se volcó sobre la vía contigua, causando la muerte de 46 personas, incluido el conductor de uno de los convoyes.
Apenas dos días después, en Gelida, Cataluña, otro descarrilamiento, ocasionado por el colapso de un terraplén sobre las vías, provocó la muerte de un maquinista y dejó varios pasajeros heridos. Este suceso obligó a suspender el servicio por varios días en una zona donde aproximadamente 400.000 personas dependen del tren para sus traslados diarios hacia y desde Barcelona.
Estos incidentes han puesto en tela de juicio el estado de la red de ferrocarriles española y han colmado la paciencia de los empleados, quienes afirman que sus denuncias sobre las condiciones de las vías no son atendidas.
