Durante su participación en el programa Estado Nacional del canal 24 Horas, Alvarado explicó que la Cancillería ya ha iniciado conversaciones con las autoridades venezolanas. El objetivo es reanudar la relación bilateral a nivel consular, facilitando así que los ciudadanos venezolanos residentes en territorio chileno puedan gestionar sus documentos, regularizar su estatus o solicitar antecedentes penales.
El titular de Interior enfatizó que el gobierno busca que los plazos para ejecutar las deportaciones sean lo más expeditos posible, expresando su optimismo sobre el éxito de estas gestiones diplomáticas. Asimismo, destacó que, en el periodo actual, el número de personas que abandonan el país supera a las que ingresan, lo cual calificó como una señal positiva para la gestión migratoria.
La ruptura diplomática como obstáculo
Desde el año 2024, la ausencia de relaciones diplomáticas entre Santiago y Caracas ha bloqueado la conexión aérea directa, imposibilitando la ejecución de las órdenes de expulsión. Esta situación cobró relevancia tras la reciente deportación de 40 personas indocumentadas hacia Bolivia, Ecuador y Colombia, un procedimiento que, por ahora, no ha incluido a ciudadanos venezolanos.
Según datos de medios locales, existen más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes en el país, de las cuales aproximadamente la mitad involucra a ciudadanos de nacionalidad venezolana. La ruptura de relaciones, motivada por las denuncias de fraude en los comicios venezolanos de 2024, dejó sin servicios consulares a miles de personas, complicando la logística de retorno.
El presidente Kast, quien ha mantenido una postura de firmeza frente a la delincuencia y la migración irregular, continúa con la construcción de una franja de seguridad en el desierto de Atacama, en la frontera con Perú y Bolivia. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Chile residen actualmente más de 330.000 extranjeros en situación irregular. Como parte del Plan Escudo Fronterizo, el gobierno impulsa un proyecto de ley para tipificar la migración ilegal como delito y promueve incentivos para el retorno voluntario de los extranjeros que se encuentran fuera del marco legal.
