Esta acción fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro, como parte de su estrategia para frenar el tráfico de estupefacientes y el blanqueo de capitales vinculado a organizaciones delictivas mexicanas.
De acuerdo con los reportes oficiales, las restricciones afectan a 12 personas y dos compañías mexicanas, señaladas de integrar estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, con especial énfasis en el tráfico de fentanilo. Washington sostiene que estos grupos facilitaban el movimiento de fondos ilícitos y ocultaban las ganancias obtenidas por la venta de drogas en suelo estadounidense.
Redes criminales bajo la lupa
Las investigaciones señalan que los sancionados mantienen nexos con dos facciones distintas asociadas al Cártel de Sinaloa. Una de estas organizaciones estaría liderada por Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, mientras que el segundo grupo tendría conexiones con Armando de Jesús Ojeda Avilés. Ambos individuos enfrentan acusaciones por actividades de narcotráfico y lavado de activos.
El Departamento del Tesoro destacó la participación de operadores financieros y aliados cercanos que utilizaban negocios en México para legitimar dinero proveniente de actividades ilícitas.
Personas señaladas por las autoridades estadounidenses:
- Jesús “Chuy” González Peñuelas
- Cástulo Bojórquez Chaparro
- Fredi Ismael García Sandoval
- Luis Arnulfo Moreno Zamora
- Baltazar Sáenz Aguilar
- Noé de Jesús Castro Rocha
Las autoridades detallaron que algunos de estos sujetos supervisaban el flujo de efectivo desde Estados Unidos hacia México, mientras que otros fungían como intermediarios en la distribución de recursos y operaciones de lavado. Entre las empresas sancionadas se encuentran una firma de seguridad privada y un restaurante, establecimientos que habrían servido como fachada para encubrir movimientos financieros ilegales.
La OFAC confirmó que estas entidades y personas han sido incluidas en la lista de bloqueados por el gobierno estadounidense, lo que conlleva consecuencias inmediatas como el congelamiento de bienes y activos en EE. UU., la prohibición de realizar transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses y restricciones comerciales severas para las empresas implicadas.
