En la resolución del caso Y.F.C. y otros contra los Países Bajos, los magistrados determinaron por unanimidad que las autoridades locales fallaron al no ejecutar una investigación independiente y exhaustiva sobre el empleo de proyectiles de goma contra cuatro de los detenidos durante un altercado en junio de 2019. Este incidente ocurrió mientras se realizaba el traslado de los migrantes entre diferentes centros de reclusión.
Adicionalmente, el tribunal estableció, con seis votos a favor y uno en contra, que se ejerció un uso desproporcionado de la fuerza contra tres de los afectados. Estos presentaron evidencias de haber sufrido lesiones físicas, incluyendo impactos de balas de goma y agresiones directas como patadas. En contraste, la corte no halló pruebas de vulneración en el caso de otro detenido que, aunque estuvo presente en el lugar, no pudo acreditar daños físicos.
El fallo también subrayó una violación al derecho de los siete venezolanos a impugnar su detención ante una instancia judicial de manera expedita, debido a que se les impidió el acceso a asesoría legal durante la primera semana de su aprehensión.
Indemnización de más de 84.000 euros
Los hechos se remontan al 11 de abril de 2019, fecha en la que los siete ciudadanos fueron interceptados por la guardia costera al intentar ingresar a territorio curazoleño. Tras su captura, fueron confinados en un centro migratorio y posteriormente en una cárcel común mientras se procesaba su deportación.
Durante el litigio, el tribunal europeo dictó medidas cautelares para frenar su expulsión hacia Venezuela. Finalmente, los migrantes recuperaron su libertad en agosto de ese mismo año, tras haber agotado sin éxito los recursos locales para apelar su detención.
El tribunal desestimó otras acusaciones, como las relativas a las condiciones de reclusión y la supuesta expulsión colectiva, argumentando que no se habían agotado todas las instancias judiciales internas antes de elevar el caso a nivel internacional. Como reparación por los daños morales ocasionados, la corte ordenó al Estado neerlandés realizar un pago de 5.000 euros a cuatro de los afectados y 1.625 euros a los tres restantes.
