«El salario ha dejado de cumplir su función económica y social. Hoy opera como un mecanismo de control político y social, induciendo a la pobreza», manifestó la profesora Raquel Figueroa desde la Plaza Caracas, punto de concentración de la manifestación en el centro de la capital.
Figueroa señaló directamente al gobierno de sostener una «política deliberada de destrucción del salario y del valor del trabajo», la cual, a su juicio, se ejecuta en colaboración con el sector privado.
La también líder sindical fue la encargada de presentar un documento que contiene 17 solicitudes elaboradas por dirigentes laborales de diversas organizaciones, entre ellas la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) y sindicatos de distintas instituciones públicas.
Entre las demandas leídas por Figueroa ante los presentes, se priorizó la fijación de un salario y una pensión «mínimos» que permitan cubrir la canasta básica. Asimismo, se exigió la eliminación del esquema de bonos para que estos sean «convertidos en salario real, con impactos de prestaciones y beneficios» laborales.
El sueldo mínimo en Venezuela no ha variado de 130 bolívares desde marzo de 2022. En esa fecha, el monto equivalía a aproximadamente 30 dólares, de acuerdo con la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Sin embargo, la devaluación sostenida ha pulverizado su valor, y para este jueves, dicha cantidad representa apenas 31 centavos de dólar.
Durante los últimos años, la estrategia salarial del Ejecutivo se ha basado en el pago de dos bonificaciones para los empleados públicos que no generan pasivos laborales y que totalizan 160 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro, el llamado «ingreso de guerra económica», de 120 dólares. Ambos son depositados en bolívares a la tasa oficial vigente.
Este sistema de bonificación fue categóricamente rechazado por los dirigentes sindicales. En su pliego, cuestionaron una potencial reforma «regresiva» de la Ley Orgánica del Trabajo que podría afectar las prestaciones sociales, las cuales ya denuncian como incumplidas. A la par, demandaron la «libertad plena» para los líderes sindicales y trabajadores que consideran «presos de manera injusta».
Adicionalmente, solicitaron la reactivación de «la discusión y firma» de todas las convenciones colectivas que se encuentran suspendidas, la anulación de leyes y decretos «usados para criminalizar la protesta», y la puesta en marcha de «un sistema público, universal y solidario» de seguridad social.
La semana pasada, la vicepresidenta Delcy Rodríguez comunicó que había revisado los «avances» de la denominada «constituyente laboral», con el supuesto fin de «garantizar los derechos y beneficios de los trabajadores», aunque no proporcionó mayores detalles.
El pasado 2 de febrero, representantes gremiales del sector universitario presentaron ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda por la falta de aumentos salariales anuales, un derecho consagrado en el artículo 91 de la Constitución venezolana.
