Esta determinación de hacer públicas sus finanzas parece estar directamente relacionada con la reciente inclusión de Petro, su cónyuge Verónica Alcocer, su hijo mayor Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Dicha lista, comúnmente conocida como Lista Clinton, los señala bajo la acusación de ser «líderes del narcotráfico».
«He publicado mis cuentas desde el 2022 hasta la fecha, y quisiera que fuera desde más atrás, para que no quede duda de mis ingresos. Pueden investigar lo que quieran sobre ellas y comparar con mi declaración de renta que he hecho públicas también», manifestó Petro el martes a través de su cuenta en la red social X.
A raíz de esta decisión presidencial, diversos medios de comunicación colombianos han difundido un informe proveniente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Esta entidad gubernamental, encargada de coordinar el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, ha detallado los movimientos financieros del mandatario.
El mencionado informe, cuya fecha de corte es anterior al 24 de octubre pasado —fecha en que EE.UU. anunció la adición de Petro a la Lista Clinton—, subraya que «es deber de la UIAF velar por la seguridad financiera del presidente» tras haber recibido alertas sobre «presuntas afectaciones» a sus cuentas bancarias.
Dicho documento, que en un principio fue clasificado como «secreto», compila «movimientos de entradas, salidas y saldos», así como «operaciones en efectivo» que han sido debidamente reportadas desde el inicio del periodo de análisis.
