Esta resolución, dictada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se materializó a través de la denuncia formal del Estatuto de Roma, amparándose en las disposiciones contenidas en su Artículo 127.
La delegación diplomática del país, liderada por Félix Plasencia González, hizo pública esta postura mediante un comunicado difundido a través de su perfil en la red social X.
Cuestionamientos sobre la imparcialidad internacional
El documento oficial sostiene que esta determinación surge como respuesta a un marcado desequilibrio en el proceder del tribunal con sede en La Haya. Según las autoridades nacionales, el organismo centra sus indagaciones de manera desproporcionada en países de África y América Latina, perjudicando directamente a las naciones del Sur Global.
Para el Ejecutivo, este actuar demuestra un sistema judicial carente de equidad, que vulnera la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos al aplicar criterios desiguales en el ámbito global.
Denuncias sobre el uso político de la justicia
El Gobierno nacional enfatizó que el comportamiento de la institución no es casual, denunciando que sus mecanismos han sido supuestamente instrumentalizados para favorecer intereses externos, alejándose de su propósito original de protección a los ciudadanos.
El texto oficial califica este escenario como una forma de hostigamiento contra la población venezolana que agrava las desigualdades, reafirmando a su vez el compromiso del Estado con una justicia soberana y respetuosa de la independencia nacional.
