La solicitud judicial, emitida por el juez Alexandre de Moraes, establece una comparecencia para el próximo 3 de noviembre en Río de Janeiro. En esta audiencia, Castro deberá responder preguntas específicas, incluyendo el número oficial de muertos y heridos, un informe detallado de la operación y las acciones tomadas para brindar asistencia a las víctimas, entre otros aspectos.
Este requerimiento de explicaciones se alinea con una sentencia previa del tribunal, la cual introdujo nuevas directrices para la realización de operativos policiales en las favelas de Río de Janeiro, con el propósito de prevenir vulneraciones a los derechos humanos. La Corte busca así verificar el cumplimiento de estas determinaciones por parte del gobierno estatal y si el operativo se llevó a cabo conforme a los protocolos de derechos humanos estipulados.
Hasta la fecha, la cifra exacta de fallecidos no ha sido confirmada de manera unificada, presentando variaciones según la fuente. La Defensoría Pública, entidad encargada de recopilar datos, reporta un total de 132 decesos, mientras que el gobierno regional ha confirmado 119.
Cláudio Castro, como máximo responsable político de la intervención, calificó el operativo como un éxito, lamentando la pérdida de cuatro agentes durante el desarrollo de la acción, a quienes se refirió como las únicas víctimas del suceso. Previamente, el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, había expresado dudas sobre la legalidad del procedimiento, indicando que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mostró consternado por el elevado número de muertes y sorprendido por la falta de información previa.
