Los aspirantes a visas B-1 y B-2 provenientes de naciones con un historial de alta permanencia indebida en territorio estadounidense podrían estar sujetos a la exigencia de estas fianzas como condición para la aprobación de sus visas, de acuerdo con las regulaciones publicadas en el Registro Federal.
Adicionalmente, los funcionarios consulares contarán con la facultad discrecional de imponer el pago de depósitos a solicitantes de visas de países donde se considere que la información de verificación del aplicante no es suficiente.
Según la normativa, el desembolso de esta “fianza” tiene como propósito asegurar que el gobierno estadounidense no incurra en responsabilidades financieras en caso de que un visitante no cumpla con las condiciones estipuladas en su visa.
Esta medida retoma una iniciativa que se impulsó en los últimos meses del primer mandato de Trump, la cual pretendía utilizar estos depósitos como una “herramienta diplomática” para asegurar la salida de los visitantes de Estados Unidos una vez vencido el período autorizado.
En su momento, en noviembre de 2020, la propuesta no llegó a implementarse completamente debido a la reducción de los viajes internacionales a causa de la pandemia del COVID-19.
De acuerdo con la norma temporal final, el programa piloto tendrá una vigencia de 12 meses y está previsto que comience a operar el próximo 20 de agosto.
