Hoy se darán cita en la mañana con entidades territoriales en el hotel Casa Blanca de Cúcuta, donde se expondrá un informe que pretende visibilizar las barreras de acceso que enfrentan para la interrupción del embarazo.
Carolina Triviño, abogada de los casos de la Mesa, explica que en Colombia se permite de manera legal el aborto según la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional.
Las excepciones son: cuando haya riesgo de muerte a la mujer gestante; malformaciones en el feto que impidan su desarrollo normal fuera del útero, y que sean víctimas de violencia sexual.
“Las venezolanas en condición irregular desconocen que tienen este derecho. En su país solo les permiten hacerlo cuando es un riesgo para su vida (aborto terapéutico)”, dijo.
Las migrantes se encuentran con ‘tropiezos’ en su camino debido a que en los hospitales públicos les exigen el Permiso Especial de Permanencia (PEP), y las autoridades no les reconocen las denuncias instauradas en Venezuela como prueba del abuso sexual.
Bajo estos argumentos quieren visibilizar la problemática que viven para solicitar ante el Gobierno Nacional, soluciones efectivas a su situación.
Deberían prestarles este servicio sin pedirles documentos que acrediten su estadía regular y de manera prioritaria en los centros de salud, manifiesta la abogada Triviño.
En este informe se estudiaron 21 casos ocurridos entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019, de mujeres procedentes del vecino país que decidieron radicarse en Colombia.
A su vez, contó con la participación para realizarlo de la Fundación Oriéntame, en alianza con la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete y recibió la colaboración de Médicos del Mundo, quienes luchan por una igualdad de derechos.
