Familias denuncian abusos contra migrantes trasladados de Alligator Alcatraz a Miami

De acuerdo con los testimonios de los allegados y diversas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes, el recinto alberga actualmente a 97 personas en celdas cuya capacidad máxima es para cincuenta individuos. Además, se ha denunciado que, ante la carencia de agua potable, los detenidos se ven obligados a consumir agua del lavabo o incluso del inodoro, sumado a las altas temperaturas dentro de las celdas por la falta de un sistema de aire acondicionado funcional.

La manifestación fue organizada por The Workers Circle, entidad que durante 47 semanas mantuvo vigilias frente a Alligator Alcatraz para solicitar su cierre definitivo. Arianne Betancourt, coordinadora comunitaria del grupo, enfatizó que su labor se centra en el bienestar de las personas afectadas, independientemente de la instalación donde se encuentren recluidas.

Alexandra Orellana, representante de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), señaló que el cierre del polémico centro en los Everglades no ha significado una mejora, sino un traslado de los detenidos hacia una nueva situación de vulnerabilidad. Orellana atribuyó estas condiciones a las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump.

Por su parte, Yareliz Mendez-Zamora, del American Friends Service Committee, fue tajante al afirmar que el sistema actual no garantiza una detención humana. En la misma línea, la activista María Bilbao comparó la situación de estos recintos con centros clandestinos de épocas dictatoriales y confirmó que ha remitido dieciséis expedientes sobre estas irregularidades a la oficina de la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz.

Judith Castellanos, ciudadana estadounidense, compartió el dolor de ver a su esposo, Marlon Cervelo Trujillo, de 51 años, detenido tras presentarse a una cita migratoria. Castellanos relató con angustia que su esposo, quien confiaba en el sistema judicial del país, permanece en un área de alta seguridad sin justificación alguna.

Represalias por alzar la voz

Uno de los casos más alarmantes es el de Daikel Dumont Rodríguez, quien según su esposa, Annett Uset Dumont, fue enviado a aislamiento el pasado lunes como represalia tras haber denunciado públicamente las condiciones del centro. La mujer describió celdas con inodoros dañados y un calor sofocante, desmintiendo las versiones oficiales que aseguran que el sistema de ventilación funciona correctamente.

Asimismo, la esposa de otro detenido, un hombre diabético insulinodependiente con antecedentes de pancreatitis aguda, expresó su temor por la vida de su pareja ante la falta de medicamentos y atención médica adecuada en el centro. Ante esta situación, Anthony Bryant, colaborador de la congresista Wasserman Schultz, reiteró la exigencia de una investigación independiente y el cese inmediato de cualquier medida de represalia contra los detenidos que denuncian abusos, subrayando que tales acciones contravienen los principios de dignidad humana y el estado de derecho.