“El tribunal considera necesario instruir al Estado para que proceda, en un lapso de 18 meses contados a partir de la notificación de este fallo, a clausurar las instalaciones del centro de detención conocido como El Helicoide”, detalló el organismo internacional.
La instancia judicial internacional también estableció que el traslado de los ciudadanos que permanecen recluidos en ese lugar debe realizarse respetando estrictamente los protocolos de la Convención Americana sobre integridad física, libertad personal y las garantías del debido proceso.
En el documento, la Corte IDH expuso que diversos organismos internacionales dedicados a la vigilancia de los derechos humanos en Venezuela han confirmado que los detenidos en El Helicoide han sido víctimas de torturas, así como de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Específicamente, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU señaló que existen pruebas suficientes para concluir que un número significativo de personas privadas de libertad en este centro fueron objeto de detenciones arbitrarias y vejaciones sistemáticas. Según la sentencia, estas prácticas fueron ejecutadas por el Sebin, organismo que reemplazó a la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
El tribunal declaró la responsabilidad del Estado venezolano por haber coartado el derecho a la participación política, la libertad de expresión y el pensamiento del estudiante Jorge Rojas, de 30 años, durante una manifestación pacífica.
Rojas fue capturado el 19 de septiembre de 2003 en la Plaza Francia de Altamira, Caracas, durante un despliegue policial en medio de las protestas contra el gobierno de Hugo Chávez. La Corte IDH determinó que agentes estatales, quienes nunca fueron sometidos a investigaciones, cometieron actos de tortura contra el joven mientras estuvo bajo custodia en El Helicoide.
El fallo subraya que la vulneración a la integridad de Rojas ocurrió en un entorno de impunidad frente a las denuncias recurrentes de torturas y tratos inhumanos en dicho centro. El documento detalla que el estudiante fue golpeado, amenazado con violencia sexual, apuntado con armas de fuego y sometido a simulacros de ejecución.
Tras su detención, en agosto de 2004, un tribunal condenó a Rojas a cuatro años y seis meses de prisión por cargos de porte ilícito de arma de guerra, intimidación pública y resistencia a la autoridad. Pese a que su defensa intentó apelar la decisión, los recursos fueron desestimados. Finalmente, en junio de 2009, el Tribunal Sexto de Ejecución dictaminó la extinción de su responsabilidad penal y le otorgó la libertad plena.
