Tras ser sancionada, la normativa será enviada a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta instancia deberá evaluar y confirmar la constitucionalidad de su naturaleza orgánica, cumpliendo con los pasos que exige la legislación venezolana.
¿Cuáles son los alcances de la nueva legislación?
El instrumento legal recién aprobado confiere al presidente o presidenta de la República competencias directas para intervenir en la organización administrativa del país.
Entre las facultades otorgadas se encuentra la potestad de alterar requisitos, así como la capacidad de suspender, disminuir o eliminar por completo trámites, permisos y autorizaciones. El objetivo es asegurar respuestas más rápidas y simplificar los procesos para los ciudadanos.
Asimismo, la ley contempla la instrucción de migrar los procedimientos manuales hacia plataformas digitales, fomentando una disminución gradual del uso de papel en los entes públicos. También busca crear normas para unificar y centralizar los procedimientos en todas las áreas de la Administración Pública.
Al respecto, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, celebró la aprobación de la ley y subrayó la urgencia de su implementación una vez se completen los requisitos legales.
“Que esta ley sirva para acabar con el viacrucis de las venezolanas y los venezolanos en las taquillas”, manifestó el diputado.
