«Se proporcionó información oportuna de los sucesos a nuestra contraparte en Estados Unidos, la cual ha expresado a través de canales diplomáticos y consulares su interés en una participación conjunta para esclarecer los hechos. Estamos a la espera de una posible visita del FBI para avanzar en esta investigación», detalló Díaz-Canel durante una alocución televisada.
El presidente cubano describió los acontecimientos como «una infiltración armada con fines terroristas, financiada y organizada desde territorio de Estados Unidos”.
“Fue un intento de agresión”, sostuvo el mandatario, quien además indicó que los 10 ocupantes de la embarcación que ingresó ilegalmente a aguas cubanas portaban «armamento pesado», lo que, según él, “contradice la versión que han difundido de que venían a recoger familiares”.
“¿Acaso creen que somos tontos o que se puede engañar a todo un pueblo con falsedades y artimañas? Sus metas eran atacar instalaciones militares y centros sociales», cuestionó Díaz-Canel.
El presidente aseguró que se ha iniciado un proceso judicial para los sobrevivientes, todos heridos en el suceso, garantizando plenamente sus derechos. “Los lesionados han recibido toda la atención médica necesaria y los detenidos han podido comunicarse con sus familias; de igual forma, los parientes de los fallecidos han participado en la identificación de los cuerpos”, precisó.
Díaz-Canel afirmó que “durante las indagaciones, todos han admitido su implicación y han confesado ser los primeros en abrir fuego contra nuestra embarcación del servicio de guardacostas”.
“Poseemos varios detalles que se irán complementando con las investigaciones sobre quiénes los reclutaron y prepararon. Los detenidos han proporcionado nombres y han revelado sus intenciones”, agregó.
El pasado 25 de febrero, las tropas guardafronteras de Cuba interceptaron una lancha rápida de Estados Unidos en sus aguas territoriales. A bordo se encontraban 10 individuos, todos ciudadanos cubanos residentes en EE. UU., junto a una considerable cantidad de armas, de acuerdo con la versión del gobierno cubano.
El Ministerio del Interior añadió que desde la lancha se efectuaron disparos contra la unidad guardafronteras, y que los agentes cubanos repelieron el ataque.
A raíz del enfrentamiento, cuatro tripulantes de la lancha fallecieron instantáneamente, mientras que los otros seis resultaron heridos, al igual que un oficial cubano. Días después, las autoridades de la isla confirmaron la muerte de uno de los heridos procedentes de Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba ha formulado cargos por delitos de terrorismo contra los detenidos. Los arrestados se exponen a un «marco sancionador elevado» que contempla penas desde 10 años de cárcel hasta la cadena perpetua y la pena de muerte.
Este suceso ocurre en un momento de especial crispación entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiera un bloqueo petrolero a la isla y exigiera negociaciones y cambios a La Habana.
