En declaraciones ofrecidas al circuito radial Éxitos 99.9, el parlamentario denunció la existencia de abusos de poder, sobre todo en los puntos de control policiales y militares. «Es inaceptable que alguien sea privado de libertad por el contenido de su celular. No tienen derecho a revisar las conversaciones o el teléfono de una persona en una alcabala», sentenció Arreaza.
Límites a la inspección policial
Arreaza detalló que la inspección de un equipo móvil es un procedimiento excepcional, aplicable únicamente cuando un individuo enfrenta una investigación judicial o una imputación formal. Reconoció la urgencia de establecer un reglamento más preciso para la aplicación de esta ley, con el fin de impedir que los funcionarios actúen de manera arbitraria y violen los derechos ciudadanos.
Reacciones de gremios y activistas
A raíz de estas afirmaciones, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reiteró que dichas inspecciones en puntos de control no solo atentan contra la privacidad, sino que también comprometen el secreto profesional de los periodistas al poner en peligro sus fuentes.
Jorge Rodríguez respalda la revisión de la ley
En sintonía con estas declaraciones, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también reconoció recientemente el «mal uso» que se le ha dado a esta normativa, en vigor desde 2017.
Rodríguez informó que el Poder Legislativo está evaluando el alcance de la Ley contra el Odio y considera altamente probable que sea sometida a una reforma en el futuro cercano para subsanar sus fallos de aplicación.
