Desde la sede del Poder Legislativo, Arreaza detalló que esta reorganización es una respuesta directa al elevado número de peticiones que se han acumulado desde la promulgación de la normativa legal.
De acuerdo con el balance presentado a la 1:30 p.m., la comisión ha tramitado un total de 4.200 solicitudes, de las cuales más de 3.000 ya han sido aprobadas.
Enfoque en el sector laboral y sindical
Una de las áreas más destacadas en esta nueva organización es la subcomisión que se dedicará de forma exclusiva al sector laboral. Dicha instancia fue creada a raíz de una petición formal hecha al cuerpo parlamentario tan solo un día después de la aprobación de la ley.
“Una segunda subcomisión se ocupará de los casos relacionados con trabajadores, trabajadoras y el entorno laboral, que no siempre están directamente ligados a la ley”, especificó Arreaza, abriendo así una vía para la revisión de conflictos sindicales o laborales que ameritan una solución política y social.
Expedientes “especiales” y complementarios
Junto a la subcomisión general, se ha creado una tercera instancia destinada a tratar expedientes con características jurídicas particulares.
Arreaza explicó que este grupo se encargará de analizar casos que, si bien no se encuentran listados en los 13 supuestos del Artículo 8 de la Ley de Amnistía, se consideran “complementarios” para el avance de la paz.
“Se trata de una subcomisión para revisar casos especiales y complementarios que, aunque no son amnistiables bajo el estricto marco de la ley, necesitan atención para progresar en el reencuentro”, añadió el diputado.
Organización de las nuevas subcomisiones:
- Subcomisión General: Responsable del trámite regular de los casos que contempla la ley.
- Subcomisión Laboral: Centrada en trabajadores y líderes sindicales.
- Subcomisión de Casos Especiales: Orientada a situaciones no incluidas en el Artículo 8, pero importantes para la convivencia nacional.
Con esta decisión, el Poder Legislativo aspira a responder a la rapidez procesal solicitada por el Ejecutivo y a asegurar que ningún grupo con causas de índole política sea excluido del proceso de pacificación que se ha puesto en marcha este 2026.
