“Sin enfermeras no hay salud”: El contundente mensaje del gremio a Delcy Rodríguez por la crisis salarial

En el texto, la federación detalla el progresivo deterioro de las condiciones laborales en la red sanitaria nacional y urge a establecer canales de diálogo. Asimismo, exige la implementación de medidas tangibles que aseguren tanto la continuidad como la calidad de los servicios de salud para los ciudadanos.

Este reclamo se formalizó pocos días antes de que la propia Rodríguez anunciara, el 20 de enero de 2026, el ingreso de 300 millones de dólares, parte de una primera venta de 500 millones. Aunque la funcionaria aseguró que estos fondos se destinarían a estabilizar el tipo de cambio y proteger el poder de compra, el gremio de enfermería insiste en que dichos recursos deben reflejarse en mejoras salariales sustanciales y condiciones de trabajo dignas.

Actualmente en Venezuela, la remuneración mínima para los trabajadores de la salud, al igual que para el resto de los empleados públicos, permanece fijada en 130 bolívares desde marzo de 2022. Esta cifra, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, representa menos de un dólar al mes.

En una entrevista concedida a El Nacional, el Dr. Nelson López, vicepresidente de la Federación, detalló que el sueldo base del personal de enfermería no ha tenido ajustes en años. En su lugar, el gobierno ha optado por otorgar bonificaciones y pagos extraordinarios que no tienen incidencia en las prestaciones sociales, vacaciones o jubilación, y cuya entrega es irregular. López alertó que esta política ha mermado la calidad de vida de los profesionales, impulsando la emigración y el abandono de la carrera. “No existe sistema público de salud sin enfermeras”, sentenció.

La propuesta de la Federación es establecer un salario base que oscile entre 800 y 1.500 dólares mensuales, dependiendo de la experiencia y especialización. Estiman que para robustecer el sistema de salud, el país requiere más de 80.000 profesionales de enfermería, y esperan que la mejora de las condiciones laborales y salariales incentive el retorno de quienes han emigrado.

En una nación cuyo sistema sanitario enfrenta una profunda crisis, los testimonios del personal de enfermería son cruciales para entender la realidad diaria de quienes sostienen la atención médica.

Una licenciada en Enfermería de la Universidad de Carabobo, con especialización en neonatología y quirófano, labora en el Hospital Materno Infantil Dr. José María Vargas de Valencia. Hablando desde el anonimato por temor a represalias, describió un ambiente de trabajo definido por la escasez de personal, la sobrecarga laboral y la carencia de insumos. “El salario mínimo no alcanza para cubrir los gastos diarios”, señaló, advirtiendo que la precariedad de recursos compromete la atención y la seguridad de pacientes y trabajadores. Aunque ha pensado en irse del país, subraya que lo prioritario es asegurar salarios dignos, más personal y mejores condiciones. “Somos quienes cuidamos al pueblo en todo momento, pero en los últimos años no hemos sido valorados”, lamentó.

Por otro lado, Yerika León, egresada de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kléber Ramírez (UPTM), trabajó en un Ambulatorio Rural y hoy está desempleada por motivos políticos. Narra que, tras servir a su comunidad, su contrato temporal no fue renovado por la filiación opositora de su padre. A pesar de ello, León no considera emigrar y desea seguir contribuyendo a Venezuela desde su profesión.

Ella demanda remuneraciones justas, dotación adecuada, seguridad en el trabajo y respeto institucional, pidiendo que la enfermería sea valorada sin sesgos políticos. “La salud es un derecho, no un favor político”, recalcó.

Desde el exilio, otra licenciada en Enfermería de la Universidad de Los Andes confirmó que la migración masiva se debe a los salarios insuficientes y al trato denigrante del Estado. Sin embargo, afirmó que muchos profesionales volverían si se garantizaran condiciones laborales adecuadas y libertades fundamentales.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece que la pobreza extrema se define por vivir con menos de 2,15 dólares al día, unos 65,65 dólares mensuales. Este umbral contrasta drásticamente con los salarios del sector salud en el país, que se encuentran muy por debajo.

Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que una remuneración inadecuada es un factor de riesgo psicosocial que puede impactar negativamente la salud mental de los trabajadores, exacerbando la crisis sanitaria.

Año tras año, los empleados del sector salud han expresado su descontento con las condiciones laborales y han exigido mejoras, pero aseguran no haber obtenido respuestas satisfactorias.

En este clima, gremios y sindicatos han denunciado la detención y sanción de profesionales por motivos políticos. Recientemente, se conoció la liberación de dos trabajadoras del sector: Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermería de Barinas, detenida el 22 de julio de 2025, y Dinora Rodríguez, enfermera de Portuguesa, aprehendida el 8 de enero de 2025. Estas acciones son consideradas por los gremios como violaciones a los derechos humanos.

La carta de la Federación busca, en última instancia, abrir un diálogo con las autoridades para asegurar salarios justos, insumos y seguridad laboral, pilares fundamentales para mantener un sistema de salud operativo para toda la población.