Esta práctica, según el organismo europeo, infringe las normativas establecidas en la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA). La investigación, que se inició en julio de 2024, buscaba determinar si esta estrategia comercial afectaba la capacidad de los usuarios para tomar decisiones “libres e informadas” dentro de la plataforma.
La multa también abarca otras irregularidades detectadas, como la insuficiente transparencia en el registro de anuncios publicitarios y la negativa de la compañía a facilitar el acceso a datos relevantes para investigadores, ambas acciones penalizadas por la DSA.
Henna Virkkunen, vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, fue enfática al señalar que “engañar a los usuarios con insignias de verificación, ocultar información en los anuncios o excluir a los investigadores son prácticas inaceptables en el entorno digital de la Unión Europea”.
El portavoz de Virkkunen, Thomas Regnier, defendió la “solidez” del caso ante las críticas de la Administración Trump, que ha acusado a la UE de una regulación excesiva contra las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Regnier subrayó que la sanción es “proporcionada”, en línea con el proceder de la Comisión.
La investigación concluyó que X incurre en un fraude que “expone a los usuarios a estafas, incluyendo la suplantación de identidad y otras formas de manipulación”, dado que “cualquiera puede pagar” para obtener la marca azul sin que la empresa verifique la identidad detrás de la cuenta. Aunque la DSA no exige la verificación de todos los usuarios, sí prohíbe que las plataformas afirmen falsamente que un usuario ha sido verificado.
Adicionalmente, Bruselas penalizó a X por las restricciones impuestas en su repositorio de anuncios, una herramienta “fundamental” para la detección de estafas o campañas de desinformación, que presenta barreras de acceso que complican la revisión de información crítica. La compañía también fue sancionada por obstaculizar el acceso independiente de investigadores a sus datos públicos, incluso mediante técnicas de extracción de datos (scraping).
La Comisión Europea desglosó la multa de 120 millones de dólares en tres componentes: 45 millones de dólares por las irregularidades relacionadas con el distintivo azul, 35 millones de dólares por el repositorio de anuncios y 40 millones de dólares por las dificultades en el acceso a los datos.
