Mauricio Valiente, codirector de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha expresado que estos datos reflejan una «relación precisa» con la reforma del reglamento y su intencionada «disuasión» de optar por la vía del asilo, lo que, a su juicio, genera un «efecto injusto».
Valiente atribuye este aumento a un cambio en la dirección migratoria de muchos venezolanos que inicialmente se dirigían o consideraban migrar a Estados Unidos, pero que han «reorientado su decisión» debido a la «estrategia de externalización» implementada por Donald Trump.
Disminución de solicitudes de asilo de Colombia y Perú
En contraste, se observan caídas significativas en las solicitudes de asilo de otras nacionalidades que históricamente han sido prominentes. Las peticiones de Colombia han disminuido un 68,60%, pasando de 16.967 en 2024 a 5.328 este año. De manera similar, las solicitudes de Perú han experimentado una reducción del 72,63%, descendiendo de 4.413 a 1.208.
Desde que la reforma entró en vigencia, el tiempo que una persona permanece en España a la espera de la resolución de su solicitud de asilo –un proceso que puede extenderse por años debido a los retrasos acumulados en el sistema– ya no se contabiliza para solicitar posteriormente un permiso de residencia por arraigo en caso de que la petición sea denegada.
Esto implica que, si su solicitud es rechazada después de meses o incluso años de residir y trabajar legalmente en España, el individuo caerá en una situación de irregularidad. Consecuentemente, deberá esperar al menos otros dos años para poder obtener sus documentos, una situación que diversas organizaciones no gubernamentales consideran discriminatoria hacia los solicitantes de asilo.
Seis meses después de la implementación del nuevo reglamento, sus efectos ya son claramente visibles en las estadísticas.
