Corte Suprema británica decidirá la próxima semana quién controla el oro venezolano en el Banco de Inglaterra

Así señalaron los abogados que representan al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en dicho caso que llegó a los tribunales británicos el año pasado, después que el Banco de Inglaterra se negó a entregarle el oro al Banco Central de Venezuela (BCV), con el argumento de la existencia de un pedido similar de la junta bancaria designada por Juan Guaidó, reseña una nota de la agencia de noticias Prensa Latina.

En una primera instancia, la corte comercial londinense determinó que Guaidó tenía autoridad para disponer de las 30 toneladas del preciado metal valoradas en más de dos mil millones de dólares, porque el entonces canciller británico Jeremy Hunt lo reconoció como mandatario interino en febrero de 2019.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones revocó ese veredicto, por considerar que el reconocimiento de Guaidó como presidente ‘de jure’ (de derecho) no excluía que el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera reconocido por el Reino Unido como el presidente de hecho.

Los representantes legales del canciller británico, Dominic Raab, deberán aclarar ahora ante la Corte Suprema a quién reconoce el gobierno como jefe de Estado y Gobierno de Venezuela, toda vez que Londres mantiene relaciones diplomáticas normales con Caracas.

Leigh Crestolh, abogado del bufete londinense Zaiwalla & Co., que representa al Banco Central de Venezuela señala que a los observadores internacionales de este caso, podría sorprenderles la posibilidad de que una declaración unilateral de reconocimiento político por parte de las autoridades del Reino Unido pueda despojar un país soberano de sus activos depositados en Londres.

Los abogados apuntaron, además, que mientras el caso se dirime en las cortes británicas, otros bancos europeos accedieron a la solicitud del gobierno venezolano y procesaron los pagos destinados a comprar suministros médicos para combatir la Covid-19, incluidas las vacunas.

Las sanciones internacionales contra Venezuela permiten de manera explícita hacer esos pagos para proteger vidas, por lo que la demora por parte de la justicia británica tiene un costo humano real, alegó el bufete.