El gobierno de Nicolás Maduro aseguró este viernes que reparará a los familiares de las 68 personas que murieron el miércoles por un incendio en calabozos policiales de la ciudad de Valencia (norte).
“Se ha acordado el otorgamiento de medidas de reparación de conformidad con lo establecido en la Constitución”, señala un comunicado divulgado por la Cancillería.
El gobierno anunció que activará los “protocolos necesarios para la protección integral a cada una de las familias afectadas, así como la atención a las personas que resultaron lesionadas”.
En el comunicado se pide además al Ministerio Público que inicie una investigación para determinar las causas y los responsables de lo ocurrido.
Según la Fiscalía, 68 personas murieron por el incendio en la Comandancia de la Policía de Carabobo. Entre las víctimas había dos mujeres que visitaban el penal.
Fuentes policiales indicaron a la AFP que este viernes solo quedaban ocho cuerpos por ser entregados a sus familiares, que no los habían reclamado.
La ONG Una Ventana a la Libertad -que defiende los derechos de los presos- asegura que las llamas fueron iniciadas por un grupo de detenidos que planeaba fugarse.
La oficina de derechos humanos de la ONU se declaró “conmocionada” y reclamó una investigación “rápida y completa”.
También exhortó a Caracas a “otorgar indemnizaciones a los familiares de las víctimas e (…) identificar y llevar ante la justicia a los responsables”.
El gobierno de Maduro rechazó las “precipitadas y desproporcionales” declaraciones de la ONU, porque -asegura- buscan fijar una “posición tendenciosa sobre Venezuela, de manera prejuiciada y sin requerir información oficial”.
“Constituye una agresión multiforme que se desarrolla contra nuestro país, haciendo uso grosero e infame del tema de los derechos humanos”, acota el comunicado.
Carlos Nieto, director de la ONG, culpó al gobierno de la tragedia, pues a su juicio la causa fue el hacinamiento que se registra en ese y otros centros de detención provisional, donde los reos no deben pasar más de 48 horas pero permanecen meses.
La ONG estima en 400% la sobrepoblación en esas instalaciones.
