“Desde el pasado 8 de enero, se han mantenido firmes en su oración y exigencia, aunque las excarcelaciones han sido mínimas. A pesar de ello, la fe de estas familias se mantiene intacta”, comunicó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) a través de su perfil en la plataforma X.
La organización detalló que, si bien se han registrado algunas liberaciones de personas detenidas por motivos políticos, estas han sido insuficientes, manteniendo en vilo a decenas de hogares que aguardan el retorno de sus seres queridos. “Continuaremos demandando la libertad de todos los detenidos por razones políticas y recordamos que muchos han sido víctimas de tratos crueles e inhumanos”, subrayó la ONG.
Asimismo, enfatizaron que “los crímenes de lesa humanidad no prescriben; por lo tanto, es imperativo que se restituya la libertad de todos los inocentes”.
Reunión con autoridades penitenciarias
El comité informó este viernes que el encuentro sostenido el lunes con representantes del Servicio Penitenciario, convocado para abordar las denuncias de torturas en El Rodeo I, resultó en una “mayor revictimización de los afectados”.
La cita, solicitada tras las graves acusaciones formuladas por los familiares sobre torturas y tratos degradantes registrados el 5 de julio, contó con la presencia del ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.
“Lejos de abrir un espacio para escuchar a las víctimas, esclarecer los hechos o implementar medidas de protección urgentes, la reunión se caracterizó por la negación de las denuncias, la descalificación de los denunciantes y de las organizaciones acompañantes, la minimización de los sucesos reportados y la ausencia total de compromisos para investigar, sancionar o prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos”, recalcó la ONG.
Para el comité, este episodio confirma un patrón denunciado reiteradamente: ante las acusaciones de muertes bajo custodia y posibles actos de tortura, la respuesta institucional no ha sido investigar ni proteger, sino cuestionar la credibilidad de quienes alzan la voz y trasladar la responsabilidad a los familiares y defensores de derechos humanos.
“Como autoridad que ejerce actualmente la conducción política del Ejecutivo, recae sobre Delcy Rodríguez, en su condición de autoridad interina, la responsabilidad de garantizar que cesen estas prácticas, se proteja a las víctimas y se asegure una investigación independiente e imparcial de los hechos denunciados”, concluyeron en su mensaje.
