Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento, lideró la presentación de estos proyectos, subrayando que la intención es brindar respuestas expeditas ante la situación de emergencia derivada del fuerte sismo ocurrido el pasado 24 de junio.
Estrategia para incorporar 200.000 viviendas al mercado
El Legislativo aprobó la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, un texto compuesto por 27 artículos. Según explicó el diputado, se estima que existen cerca de 200.000 inmuebles actualmente desocupados que podrían integrarse al mercado formal si se establecen condiciones de seguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos.
Los aspectos fundamentales de esta normativa incluyen:
- Libertad en cánones: El valor del alquiler y sus ajustes se definirán mediante acuerdos entre las partes. En situaciones de prórroga, se empleará el índice del Banco Central de Venezuela (BCV) como referencia para evitar distorsiones.
- Agilidad en conflictos: Se prioriza la mediación y el arbitraje para resolver disputas, evitando procesos judiciales prolongados.
- Depósitos ajustados: Se establece un tope de tres meses para depósitos o pólizas, con un plazo de 15 días continuos para su devolución al concluir el contrato.
- Restricciones de seguridad: Se prohíbe terminantemente el arrendamiento de estructuras en zonas de riesgo o condiciones precarias.
Reactivación del crédito y la edificación privada
Adicionalmente, los parlamentarios aprobaron en primera discusión la reforma parcial de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria. El objetivo central es integrar al sector privado en los esfuerzos de la Gran Misión Vivienda para asistir a las más de 10.000 familias que permanecen en refugios escolares tras el desastre natural.
Para incentivar la participación de los constructores, la reforma establece:
- Flexibilidad en precios: Se permitirá el acuerdo libre entre constructor y comprador para ajustar saldos pendientes ante cambios en los costos de materiales.
- Plazos adaptables: Se elimina la restricción legal de 24 meses para finalizar obras, permitiendo que el tiempo de ejecución se pacte por mutuo acuerdo.
- Respaldo ante impagos: El promotor podrá rescindir contratos si el comprador acumula dos meses de impago, simplificando los trámites administrativos previos.
- Participación bancaria: Se suprime la «responsabilidad solidaria» para las entidades financieras que financien proyectos, facilitando el acceso al crédito tanto en la banca pública como privada.
Infante enfatizó que estas medidas buscan equilibrar la capacidad estatal con la inversión privada bajo el esquema del plan «Venezuela Renace», con la meta de que las familias puedan retornar a viviendas seguras en el menor tiempo posible.
