El máximo representante de la diplomacia estadounidense emitió una contundente advertencia a nivel internacional, garantizando que Washington utilizará todos los mecanismos necesarios para evitar que se vulnere el orden democrático en Bolivia.
«Que nadie se equivoque: Estados Unidos respalda firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente», declaró Rubio a través de un comunicado oficial, alineando la postura de la Casa Blanca con la defensa de las instituciones frente a amenazas transnacionales.
La inestabilidad civil comenzó hace dos semanas, cuando sindicatos, federaciones de cocaleros y movimientos campesinos vinculados al expresidente Evo Morales iniciaron una serie de protestas masivas.
Los manifestantes exigen la renuncia del mandatario centroderechista, quien asumió el poder el 8 de noviembre tras finalizar dos décadas de hegemonía socialista, además de reclamar mejoras salariales, soluciones ante el desabastecimiento de combustible y reformas legales que favorezcan a sus sectores.
Esta presión social ha generado una asfixia logística crítica. El departamento de La Paz, epicentro de la gestión gubernamental, se encuentra incomunicado por vía terrestre debido a barricadas en puntos estratégicos, lo que ha provocado escasez de alimentos, combustible e insumos médicos esenciales para los centros de salud.
Ante la gravedad de la situación, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, participó este miércoles en una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En dicho foro, denunció que los sectores radicales, bajo las directrices de Morales, ejecutan una estrategia para consolidar un golpe de Estado contra la administración de Paz.
El conflicto ha trascendido las fronteras, derivando en una crisis diplomática. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ordenó la expulsión inmediata de la embajadora de Colombia en La Paz, justificando la medida por considerar que el presidente colombiano, Gustavo Petro, incurrió en una injerencia inaceptable al calificar las violentas movilizaciones sindicales como una legítima insurrección popular.
