Internos recluidos en el Fuerte Guaicaipuro, ubicado en el estado Miranda, estarían siendo víctimas de actos de tortura, tratos crueles y condiciones de reclusión inhumanas, todo esto en un contexto marcado por huelgas de hambre y reportes de intentos de suicidio derivados de la presión psicológica ejercida dentro del recinto.
De acuerdo con información difundida por Araguaney News, los afectados, quienes están vinculados al caso de la Operación Gedeón, han manifestado vivir situaciones extremas. Según los testimonios, han pasado hasta tres meses sin acceso a servicios básicos de higiene, careciendo de duchas o implementos para el aseo personal, además de verse obligados a dormir sobre el suelo de cemento sin colchones.
Asimismo, se ha denunciado que la alimentación es sumamente deficiente, limitándose a raciones esporádicas de arroz, pasta o arepas, las cuales en diversas ocasiones se encuentran en estado de descomposición.
Diversos testimonios de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que los reclusos han sido obligados a permanecer desnudos durante varios días, expuestos a las bajas temperaturas nocturnas, además de ser objeto de castigos físicos y descargas eléctricas. Estas denuncias exponen un entorno carcelario caracterizado por la violencia, la degradación y la ausencia total de garantías fundamentales.
Casos de extrema gravedad
La situación ha derivado en un deterioro severo de la salud física y mental de los internos. Uno de los casos más alarmantes es el de Ricardo Fonseca, quien habría intentado quitarse la vida cortándose las venas con una piedra hallada en el penal, motivado por la presión psicológica y los tratos crueles recibidos. Su hermana, María Fonseca, ha denunciado ante el Comité por la Libertad de los Presos Políticos haber constatado cicatrices en sus brazos y un evidente daño emocional durante sus visitas.
De igual manera, se reportó el caso de Wilmer Salinas, paciente diabético, quien sufrió una recaída crítica debido a la falta de alimentación durante la huelga de hambre, lo que obligó a su traslado a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI). Las denuncias también sugieren la existencia de mecanismos de control y clasificación interna que agravan el trato hacia los detenidos, mientras los familiares mantienen su exigencia de justicia ante lo que califican como un sistema de abuso y represión sistemática.
