En este sentido, el jefe de Estado confirmó la orden de realizar bombardeos contra un campamento del ELN, una acción estratégica desarrollada en estrecha colaboración con las autoridades de Venezuela. Petro fue enfático al señalar que aquellas organizaciones armadas que insistan en mantener el control de actividades ilícitas y se nieguen a desmantelar sus estructuras criminales, serán excluidas de cualquier diálogo de paz.
Condicionamiento a la paz
El mandatario subrayó que los acuerdos de paz están sujetos al cumplimiento estricto de los preceptos establecidos. Según sus declaraciones, cualquier grupo que persista en el control de economías ilegales queda automáticamente fuera de la mesa de negociación. Asimismo, Petro rechazó categóricamente los señalamientos sobre un supuesto incumplimiento por parte del Estado colombiano, responsabilizando directamente a la guerrilla por la ruptura del proceso.
De acuerdo con el presidente, el ELN ha fracturado la confianza nacional al perpetrar una serie de ataques sistemáticos contra campesinos indefensos en el Catatumbo, actos que calificó como crímenes de lesa humanidad.
Esta decisión de retomar los bombardeos ha generado además una fricción institucional con la Fiscalía General de la Nación. Petro cuestionó duramente a la titular del organismo investigador por intentar justificar dichas masacres bajo el argumento de que la violencia fue una respuesta a un homicidio previo vinculado a la guerrilla. El presidente concluyó que no existen atenuantes judiciales que puedan validar crímenes contra la humanidad, cerrando cualquier posibilidad de clemencia para el grupo armado.
