El pasado sábado 25 de abril de 2026, una detonación de gran magnitud sacudió el área conocida como El Túnel, ubicada en la jurisdicción de Cajibío, en el departamento del Cauca. Según los informes iniciales y los testimonios de quienes lograron sobrevivir, un cilindro bomba impactó directamente contra un autobús que transitaba por la carretera que conecta a Cali con Popayán. La explosión causó daños severos en el vehículo y destruyó parte de la infraestructura vial, lo que provocó el cierre total de este corredor estratégico en el suroccidente colombiano. Hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de siete personas, entre las que se encuentran civiles y miembros de comunidades indígenas, mientras que más de veinte personas resultaron heridas; de estas, diecisiete se encuentran bajo pronóstico reservado en centros hospitalarios de Popayán.

El gobernador del departamento, Octavio Guzmán, describió lo ocurrido como una tragedia desgarradora y un ataque directo contra una población vulnerable. Guzmán advirtió que este suceso se suma a una preocupante ola de violencia que ha afectado recientemente a municipios como El Tambo, Caloto, Miranda y la capital, Popayán. El mandatario regional fue contundente al afirmar que no permitirán que los grupos armados sigan sembrando el terror y desafiando la autoridad estatal, exigiendo al Gobierno Nacional medidas militares firmes para recuperar el control y garantizar la seguridad en la región.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro condenó el ataque, calificándolo como un acto terrorista, fascista y vinculado al narcotráfico, diseñado para generar pánico masivo entre los ciudadanos. De acuerdo con los servicios de inteligencia militar, el autor intelectual de la masacre sería alias «Marlon», quien lidera una de las facciones bajo el mando de alias «Iván Mordisco», cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Ante esta situación, el jefe de Estado ordenó la intervención inmediata de la UIAF para rastrear y desarticular las finanzas de estas organizaciones criminales, además de anunciar que denunciará a los responsables ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Asimismo, se ha ordenado el despliegue de unidades de élite para combatir a los frentes armados que operan en el Cauca.

La región del Cauca atraviesa uno de sus periodos más críticos tras la finalización de los ceses al fuego con las estructuras de Iván Mordisco. Este escenario ha derivado en un conflicto abierto por el dominio de las rutas del narcotráfico y la explotación ilegal de oro. El uso de cilindros bomba y drones cargados con explosivos se ha convertido en una táctica frecuente de estos grupos, dejando a menudo a civiles y comunidades indígenas atrapados en medio del fuego cruzado. Las autoridades mantienen el nivel de alerta máxima en todo el departamento ante la posibilidad de nuevas acciones violentas por parte de estas organizaciones criminales.