Tareck el Aissami y otros implicados comparecen ante la justicia tras el escándalo Pdvsa-Cripto
El proceso judicial contra los implicados en la trama petrolera avanza entre dudas sobre la transparencia y el alcance de las imputaciones
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Tres años después de que saliera a la luz el escándalo de corrupción denominado Pdvsa-Cripto, se ha activado en los tribunales de Caracas el único proceso judicial de relevancia reconocido hasta la fecha por las autoridades del país, según reportó la organización Transparencia Venezuela.
Durante la noche del 20 de abril, varios de los detenidos, incluyendo al exministro de Petróleo y antiguo presidente de Pdvsa, Tareck el Aissami, fueron trasladados al Palacio de Justicia para su presentación ante la jueza de control en materia de terrorismo, Alejandra Romero.
No obstante, Transparencia Venezuela señaló a través de sus canales digitales que no existe claridad sobre si esta constituye la primera comparecencia formal ante un tribunal, ni las razones por las cuales el caso se mantiene en fase de control en lugar de avanzar a juicio. Tampoco se ha precisado el número exacto de imputados, con cifras que varían entre 54 y 60 personas.
Adicionalmente, no se ha ofrecido información oficial respecto al centro de reclusión donde han permanecido los involucrados ni un balance definitivo sobre el impacto económico del esquema.
Casi 17.000 millones de dólares
Ante la ausencia de datos oficiales, estimaciones independientes sugieren que el perjuicio al patrimonio público asciende a más de 16.960 millones de dólares, de los cuales unos 3.600 millones se consideran incobrables, mientras que más de 13.000 millones permanecen como cuentas por cobrar.
El caso se originó en 2023, cuando el Ministerio Público reveló una operación contra la corrupción que vinculaba a altos funcionarios y empresarios en el manejo irregular de cargamentos de crudo y operaciones con criptoactivos. Tareck el Aissami presentó su renuncia el 20 de marzo de ese año, alegando disposición para colaborar con las investigaciones.
Tras más de un año sin noticias sobre su paradero, en abril de 2024 la Fiscalía confirmó su aprehensión junto a figuras como el exministro de Economía, Simón Zerpa, y el empresario Samark López. El entonces fiscal general, Tarek William Saab, los señaló por participar en esquemas de asignación irregular de petróleo, en un contexto de crisis económica nacional.
Los detenidos enfrentan cargos por traición a la patria, legitimación de capitales y malversación de fondos, delitos que podrían conllevar penas de hasta 30 años de cárcel. Transparencia Venezuela ha cuestionado la falta de transparencia y el manejo de este proceso judicial, planteando interrogantes sobre la actuación del Ministerio Público y la celeridad de las sanciones contra los responsables.
