Esta decisión se tomó en un contexto de incertidumbre marcado por rumores sobre un presunto motín durante la madrugada, situación que fue posteriormente confirmada por los entes oficiales, generando gran preocupación entre los allegados que esperaban noticias a las afueras del recinto.
La organización detalló, mediante un comunicado en sus redes sociales, que solo se permitió el ingreso de paquetería con alimentos y artículos de higiene, mientras los familiares exigían información sobre el estado de los reclusos.
Testimonios recabados por el OVP indican que no se ha brindado información oficial sobre lo sucedido durante la madrugada. «Lo único que dijeron es que supuestamente estaba la Fiscalía dentro con el Plan Cayapa, pero no hemos visto salir a nadie ni sabemos más nada», relató uno de los familiares presentes.
Testigos en el lugar reportaron el ingreso de ambulancias y unidades de seguridad, además de versiones no confirmadas sobre disturbios en los módulos II y IV.
Posteriormente, el Ministerio Público confirmó el inicio de una investigación formal sobre los sucesos en Yare III, designando a una comisión de fiscales de la Dirección de Protección de Derechos Humanos para aclarar lo ocurrido.
El OVP advirtió que la suspensión de visitas sin justificación previa contraviene los estándares internacionales de derechos humanos. La organización enfatizó que este derecho es fundamental para los reclusos y sus familias, cuestionando la falta de planificación y comunicación por parte de la administración penitenciaria.
Asimismo, se denunció el impacto económico y emocional sobre los familiares, quienes deben realizar largos viajes y esperar bajo condiciones precarias. El observatorio calificó este trato como una forma de maltrato hacia los parientes, exigiendo a la administración de Delcy Rodríguez transparencia y respuestas oportunas ante cualquier eventualidad en los centros de reclusión.
